La Fiscalía pide juzgar a Ignacio González por el saqueo del Canal de Isabel II

Anticorrupción también reclama al instructor que procese en esta 'pieza brasileña' del gigantesco sumario Lezo a Edmundo Rodríguez Sobrino, el considerado hombre fuerte del expresidente madrileño en América Latina; el ex delegado del Gobierno en Ceuta, Luis Vicente Moro; la exdirectora del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond; el exgerente de Triple A Ramón Navarro; el exdirectivo de Inassa Diego Fernando García Arias; y el representante de Emissao Sebastiao Cristovam.

La Fiscalía y la UCO siempre han sostenido que esos 25 millones acabaron en una cuenta común que los encausados tenían en Suiza. A ese desfalco hay que sumar el dinero que los imputados saquearon de la empresa de suministro de aguas de Madrid en otras operaciones internacionales, fundamentalmente en Colombia, que causaron un perjuicio a la entidad cercano a los 60 millones de euros.

Según los informes que constan en la causa, González y los suyos obviaron en la compra de Emissao todos los preceptos legales. Hicieron la transacción «en contra de la opinión de los auditores independientes, con el pago de comisiones prohibidas, sin informes de secretarios técnicos ni interventores, ni autorización de la Consejería de Hacienda». Todo fue orquestado -apuntaba el anterior instructor de la causa, Eloy Velasco- para «posibilitar por parte de los investigados desvíos de dinero público madrileño (25 millones), que así pasaban a cuentas bancarias en terceros países con opacidad con respecto de las titularidades reales, con la consiguiente desaparición del patrimonio de la empresa pública madrileña».

La UCO entiende que aquella operación, diseñada desde un principio para «descapitalizar» el ente público», se hizo a través de un complicado entramado financiero dirigido a encubrir que la gran parte del «dinero perdido» iba a volver en el extranjero a los principales implicados de la red de González. La compra, que se hizo a través de Inassa, la filial sudamericana de Canal, se materializó a través de una sociedad instrumental en Uruguay (Soluciones Andinas de Agua).

El Canal de Isabel II desembolsó a través del banco Royal Bank of Canada, en Suiza, y de Bradesco, portugués, un precio desorbitado por aquella empresa. Según los atestados de la UCO, pagó 21,4 millones de euros al cambio de la época. Solo un mes después el valor de Emissao en las cuentas del Canal de Isabel II era de 10,6 millones. En 2014, su valor había descendido a 5,4 millones. Y un año después, Emissao daba pérdidas a la empresa de aguas madrileña por valor de 5,5 millones.

En el 'caso Lezo' están ya procesados los implicados en la compra presuntamente fraudulenta de la empresa colombiana Inassa por el Canal en 2001, con un «sobreprecio injustificado» de entre 19 y 29 millones de euros.

El juez finalmente eximió de responsabilidad a los expresidentes de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón e Ignacio González, que no se sentarán en el banquillo por estos hechos. Sí lo harán los catorce miembros del consejo de administración del Canal entonces, incluido su presidente Pedro Calvo y el exconsejero de Hacienda y expresidente de Adif, Juan Bravo, que se enfrentan a una petición de siete años por malversación de caudales.