El fiscal que pide más prisión para Urdangarin

Su nombre ha vuelto a aparecer en los titulares de Prensa con motivo del recurso que el Ministerio Público acaba de presentar ante el Tribunal Supremo y por el que se solicita un aumento de la pena impuesta a Iñaki Urdangarin. La Fiscalía reclama que, en vez de los seis años y tres meses a los que le condenó la Audiencia de Palma, el exduque vea incrementado su castigo hasta los diez años. El escrito de acusación, de 105 folios, lleva la firma de María Ángeles Garrido, pero ha sido supervisado por el teniente fiscal del alto tribunal, que no es otro que Luis Navajas.

Nacido en Granada en una familia de fiscales -su padre lo fue también en el Supremo, su hermano lo es en su ciudad de origen y su hija tiene plaza en el Ministerio Público en Alicante-, ostenta en la actualidad el segundo cargo de mayor relevancia en la carrera, sólo por detrás de la Fiscalía General que ocupa José Manuel Maza. Navajas, un apasionado del submarinismo, destaca por ser «muy trabajador, puntilloso y honesto». «Quizá haya otros que sean más brillantes, pero no más preocupados por lo que están haciendo», sostiene un jurista que aún le recuerda de su paso por San Sebastián. De ahí que no haya sorprendido la exhaustividad del recurso presentado contra Urdangarin.

En la capital guipuzcoana ejerció durante 16 años, desde agosto de 1987 hasta julio de 2003, cuando abandonó la plaza para incorporarse al Supremo por recomendación de Jesús Cardenal, que había ejercido en el País Vasco y que por aquella época dirigía la Fiscalía General. De aquella época en Euskadi datan algunos de los casos que han marcado toda su carrera. Llevó, por ejemplo, la acusación contra Mikel Otegi, un joven de la localidad guipuzcoana de Itsasondo que asesinó con una escopeta de casa a dos ertzainas tras una noche de fiesta y alcohol. Otegi, que años más tarde se incorporaría a ETA, fue absuelto en primera instancia en los juzgados de San Sebastián al estimar que no era dueño de sus actos por el estado de embriaguez en el que se encontraba. Años más tarde su caso se reabriría y sería condenado a 34 años por aquellos crímenes.

Navajas, que no está adscrito ni al sector conservador ni al progresista, también estuvo a cargo de la investigación por los asesinatos de José Antonio ‘Tigre’ Santamaría, exjugador de la Real Sociedad y empresario, y del también empresario José Manuel Olarte. Ambos crímenes tuvieron la firma de Valentín Lasarte, ahora uno de los presos que se arrepintieron y abrazaron la llamada ‘vía Nanclares’. Tampoco escapó su labor a otras cuestiones ajenas al terrorismo. Ya en el Supremo, llevó el recurso por el ‘caso Prestige’, el petrolero de bandera griega que naufragó y vertió toneladas de fuel-oil frente a las costas gallegas. Tras ser absueltos los armadores en primera instancia, el ahora teniente fiscal del Supremo ganó el caso y se labró una imagen de profesional solvente.

Aunque su nombre siempre estará asociado al informe que llevó su apellido y que dibujó por vez primera una imagen sórdida de la Guardia Civil en el cuartel de Intxaurrondo. «No le tembló el pulso al firmar la denuncia», confiesa un antiguo colaborador en la Fiscalía de Euskadi. «No es de los que se arredre fácilmente», insiste la misma fuente. Luis Navajas, con «muy buenas» relaciones dentro de la carrera, habría transmitido al fiscal general del Estado en mayo de 1989 las sospechas de que en la sede guipuzcoana del instituto armado había agentes que se lucraban con el tráfico de drogas, según habían denunciado varios camellos de la zona. Según se ha sabido después, no está nada claro que aquella conversación derivara finalmente en una investigación judicial a cargo del magistrado Fernando Andreu, de la Audiencia Nacional.

Ese valor para «tirar siempre hacia adelante» deberá demostrarlo también a partir de ahora, con la acusación al marido de la infanta Cristina. En ámbitos judiciales recuerdan, no obstante, que el recurso de casación que se ha presentado esta semana obedece a que el fiscal del caso en Palma, Pedro Horrach, ya había anunciado su voluntad de recurrir tras conocer la sentencia. Un gesto que obligaba al Supremo a elevar la petición de pena.

En todo caso, Navajas deberá ahora gestionar junto a María Ángeles Garrido una acusación que, de prosperar, obligará a Urdangarin a pasar varios años en prisión antes de poder acogerse a beneficios penitenciarios. «Cuando un condenado -explican en el Tribunal Superior del País Vasco- entra a la cárcel lo suele hacer en segundo grado -los que lo son por terrorismo acceden en primer grado, el más duro-. Para acceder al tercero, el que permite disfrutar de permisos, debe completarse el llamado periodo de seguridad, que viene a ser el 20% de la condena». En el caso del exduque, supondría casi dos años, de ver aumentada la pena hasta los diez años.