El fiscal ve en el 'caso de Miguel' prácticas de la «mafia» siciliana, pero con un «toque vasco»

Esta es la esencia del duro informe final que ha defendido este lunes el fiscal jefe de Álava. Un discurso, que se ha prolongado durante todo el día y que proseguirá este martes, con el que ha tratado de resumir una investigación judicial de casi 9 años (la denuncia que dio origen a todo se produjo en diciembre de 2009) y las pruebas practicadas durante una vista oral que empezó en enero y que se encuentra ya en su recta final. Un macroproceso, el «más complejo» al que se ha enfrentado, que ha sentado en el banquillo a 26 personas, entre ellos varios exdirigentes del PNV alavés. En mayor o menor medida, están acusados de una veintena de delitos, entre ellos cohecho, malversación de caudales y prevaricación. Para el supuesto líder de la trama, Alfredo de Miguel, la Fiscalía pide 30 años de cárcel y que se le imponga el pago de una multa por un valor cercano a 1,2 millones de euros, lo que ha supuesto una rebaja sustancial respecto al escrito de conclusiones provisionales.

Izaguirre ha insistido en que todo comenzó cuando la abogada urbanista Ainhoa Alberdi acudió a la Fiscalía a denunciar que estaba siendo «extorsionada» por un diputado foral de «gran poder» e «influencia política». También relató que le habían quitado una adjudicación en «venganza» por no pagar la «mordida». No se trató de la denuncia de una «loca», sino de una testigo que aportó desde el primer momento «elementos muy contundentes» (documentación y grabaciones) de lo que estaba diciendo. Por ejemplo, entregó el correo electrónico que De Miguel envió a la denunciante exigiendo 100.000 euros de comisión desde su cuenta oficial de la Diputación de Álava para poder recibir una adjudicación en el Parque Tecnológico alavés.

Ahí comenzó una investigación a la que siguieron una serie de detenciones. El fiscal ha dicho que le entró cierto «vértigo» cuando vio la magnitud de lo que estaba sobre la mesa. Esto es, no estaban ante una actitud aislada, sino ante una «trama» organizada, ante un grupo con mucho «poder», con «capacidad» para cambiar contratos incluso cuando ya habían sido adjudicados.

Izaguirre tiene previsto dividir su exposición en doce bloques, como tantas operaciones supuestamente corruptas que tienen como «nexo común» empresas como Errexal, Ortzi Muga y Kataia, que los presuntos cabecillas de la trama constituyeron a nombre de sus mujeres y que utilizaban para gestionar los fondos que iban recabando. Hoy ha desgranado cinco de estas operaciones, como la ampliación del Parque de Miñano y la adjudicación de contratos por parte del Departamento vasco de Cultura. Ha llamado la atención por la «impunidad» con la que actuaban algunos de los acusados. Unas actuaciones delictivas tan «burdas» y «palmarias», sustentadas a su juicio en su sensación de que no les podía pasar nada, que, en ciertos casos, han constituido un «verdadero manual del fraude en la contratación».

Hechos que, a su juicio, han dejado a la vista el «plan» de De Miguel para «depredar todo» lo que pudiera de fondos públicos. El fiscal, en este sentido, se ha referido en varias ocasiones a la sentencia sobre el 'caso Gürtel' a la hora de referirse al mayor caso de supuesta corrupción conocido en la historia de Euskadi. En este caso, además del supuesto papel vertebrador del exdiputado foral de Administración Pública, el representante del Ministerio Público ha destacado también la importancia en la «trama» de otros importantes políticos jeltzales y cargos públicos, como Aitor Telleria, Koldo Ochandiano, Sánchez Alegría y Alfonso Arriola.