El fiscal inquebrantable

A principios de siglo se atrevió a rebuscar posibles trapos sucios del PP en Lugo, bastión gobernado por estas siglas durante décadas. Aquello acabó en cero condenas pero ayudó a labrar su etiqueta de tipo inquebrantable. Marchamo que mantiene todavía y que, probablemente, haya frenado su progresión en su carrera profesional. «No tiene feeling con el PP, tampoco con el PSE e imagínate con el PNV», desliza un allegado.

Fiero en la sala de vistas, riguroso en su labor profesional, se relaja sin embargo en el tú a tú, donde exhibe ingenio e ironía, a partes iguales. En el Palacio de Justicia se le teme y respeta. «Dudo que te lo reconozca con un micrófono delante, pero ha recibido 'presiones' por este caso. Al igual que el juez Ramos (responsable de la instrucción)», confiesan desde su entorno.

No hay casos de segunda cuando entra en sala. El propio Izaguirre llevó el caso de la adolescente vitoriana acosada durante meses por el clan de los bartolos por atreverse a denunciarles cuando le robaron el móvil. Logró dos condenas largas y dejó una frase para el recuerdo: «Si la fallamos, Vitoria será el salvaje Oeste», clamó en su alegato final.

«Cuando se mete en un asunto, lo hace hasta las últimas consecuencias, sin importarle quién es el procesado. No hace distinciones pero sí exhibe una querencia por luchar contra la corrupción, un fenómeno que detesta profundamente», explica otro integrante de su círculo. Tanto es así que, como si fuera un mantra, aprovecha cada oportunidad mediática para exigir una Fiscalía anticorrupción en el País Vasco, órgano inexplicablemente inexistente en la comunidad autónoma.

Tal era su desconfianza a una filtración que la mañana que se detuvo a Txitxo De Miguel y a sus supuestos cómplices, ninguno de los ertzainas participantes supo la que se avecinaba hasta los minutos previos. «Está claro que temía que alguien se fuera de la lengua y desaparecieran documentos comprometedores», reconoce un participante en aquel dispositivo que irrumpió en los hogares de altos cargos, conocidos militantes y 'fontaneros' del PNV alavés. Aquellas entradas sentaron a cuerno quemado en la formación más poderosa del País Vasco.

Antiguo entusiasta del running, una grave lesión de espalda ha reconvertido a Izaguirre en asiduo del gimnasio, en el que se enclaustró en la recta final y meses posteriores a las interminables vistas orales. «Tanta presión acabó por pasarle factura física».

Muchas de sus intervenciones –algunos de sus rifirrafes dialécticos con Gonzalo Susaeta, letrado de De Miguel, alcanzaron temperaturas incandescentes– se centraron en demostrar que el principal encausado hacía y deshacía a su antojo en el Palacio de la Diputación. Que repartía y gestionaba favores de manera cotidiana desde su email profesional. Y que un buen número resultaron fraudulentos. El fiscal jefe las tachó de «prácticas mafiosas» y dejó una frase para el recuerdo en su alegato final: «De Miguel era un padrino y en este país, sin uno de ellos no tienes contrato». Ante esto, su petición para De Miguel fue de 29 años y nueve meses. Finalmente, la sentencia le ha condenado 13 años y 3 meses de cárcel. De ellos, la Audiencia de Álava ha establecido que el máximo de cumplimiento efectivo sea de 9 años.

Antes del caso De Miguel, Izaguirre ya obtuvo agridulces victorias parciales en los casos Epsilon e Hiriko. La Justicia decretó que sí hubo un perjuicio económico por parte de adscritos al PNV –68 millones de euros esfumados entre ambos proyectos–, pero la Audiencia de Álava no apreció delitos penales. «Esos asuntos le tocaron». Es de sobra conocida su fría relación con el presidente de la sala, Jaime Tapia. «Son como el agua y el aceite», dicen en el edificio de la Avenida de Gasteiz.

Su sinceridad en algunas intervenciones públicas le ha supuesto a Izaguirre más de una llamada de atención desde las altas esferas. Su último dardo público data de octubre. «Decir que en Euskadi no hay corrupción es una bajeza moral», señaló en una entrevista radiofónica. Durante la instrucción, que duró un lustro, amenazó con recurrir «a la Guardia Civil» ante la tardanza de la Ertzaintza en la entrega de un informe.

Casado y con dos hijos, es muy celoso de su vida privada. Quizá por los doce años que vivió abrochado a la escolta policial. En la vida social local apenas se le ve en actos ligados a la judicatura y a los diferentes cuerpos de seguridad. Su última aparición se produjo en el homenaje oficial a los Miñones, emblema alavés amenazado de extinción.

La excepción a ese quehacer espartano es el Chupinazo del 4 de agosto, al que acostumbra a presenciar desde la balconada de San Miguel. Porque, a pesar de haber nacido en la Bella Easo, este doctor en Derecho por la UPV, especialista en Criminología y Derecho de cooperativas, ya es un vitoriano más.