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david s.olabarri
Miércoles, 28 de noviembre 2018, 07:37
El fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, concluyó ayer la exposición de sus conclusiones finales del 'caso de Miguel', el mayor proceso contra la corrupción impulsado en Euskadi. El representante del Ministerio Público se centró en argumentar por qué considera que buena parte ... de los 26 acusados -muchos de ellos vinculados con el PNV- cometieron el delito de asociación ilícita. Insistiendo en la misma idea que defendió el lunes, Izaguirre destacó que los principales acusados formaban cuando fueron detenidos en 2010 una «trama relacionada con la corrupción».
Según explicó, la red que lideraba Alfredo de Miguel -que entonces ocupaba el cargo de diputado foral de Administración Local- se colocaba «a ambos lados» en la adjudicación de contratos por parte de las instituciones, de tal forma que eran quienes adjudicaban los trabajos y quienes los recibían. Y que el objetivo de toda la trama era «vaciar» los fondos públicos en su beneficio. Una forma de actuar que es «un cáncer que mina nuestro Estado de Derecho y nuestra convivencia».
En este sentido, presentó a De Miguel como el «padrino» de toda la trama y a Koldo Ochandiano como el «cerebro económico». Y aseguró que, de la forma de actuar del que fuera 'número dos' del PNV en Álava se desprende que «si no tienes un padrino no contratas» con la Administración pública. Izaguirre puso como ejemplo lo que le sucedió a Ainhoa Alberdi, la urbanista que denunció el presunto escándalo ante la Fiscalía, a la que algunos de los procesados advirtieron de que si revelaba la petición de comisiones no iba a ser contratada de nuevo por las instituciones vascas. «¿En qué país estamos viviendo?», protestó el responsable del Ministerio Público.
En su relato, detalló cómo la madeja de empresas creadas en torno a De Miguel, Ochandiano y Aitor Telleria tenía como «única» finalidad regularizar actuaciones «delictivas». Aludió, por ejemplo, al caso de la firma Kataia Consulting, que, en su opinión, es el «hilo» que ha permitido descubrir todo el entramado. Según dijo Izaguirre se constituyó como una especie de consultoría medioambiental con un capital de 3.003 euros. A pesar de no tener experiencia, cuatro meses después la empresa recibió un ingreso de 130.000 euros por una operación urbanística en el polígono de Zambrana.
El fiscal dijo no tener dudas de que esa firma, un «cascaron vacío» sin medios «humanos y materiales» y en la que figuraban como administradoras las esposas de los principales imputados, fue creada para canalizar las «comisiones» que recibieron de empresarios vinculados a este proyecto. De hecho, afirmó que Kataia nunca tuvo ingresos que no provinieran de las administraciones y que sólo sirvió para pagar las nóminas de familiares -entre ellos la hermana y la madre de De Miguel, a esta última se le contrató para cuidar a sus nietos-, para adquirir joyas, un coche de 30.000 euros -De Miguel aseguró que lo había hecho tras aparecer su nombre en documentos de ETA, algo que no se cree el fiscal- y para realizar múltiples compras en supermercados con una Visa que «funcionaba mucho». Por ejemplo, gastaron 615 euros en comprar café de una marca concreta. Las únicas aportaciones que habría recibido la empresa fueron en metálico, sobre todo con billetes de 500 euros. En este apartado se detuvo para poner en cuestión las explicaciones del exdiputado foral para justificar la compra del coche por aparecer en unos papeles de ETA que, según dijo, la Policía consideró de «escasa relevancia».
Izaguirre tiró también de ironía para agradecer que, en este tipo de presuntas tramas corruptas, «siempre» haya «algún contable que escribe más de la cuenta». Se refería a Koldo Ochandiano y a los «malditos cuadernos» con anotaciones de las presuntas comisiones ilegales que fueron intervenidas en su casa. Estos escritos, dijo, han sido la «pistola humeante» de la investigación. También «le pasó a Al Capone», afirmó para continuar con la comparación de esta red con la «mafia siciliana». «Ni para ser corruptos tuvieron arte», lanzó, antes de apuntar que la Diputación de Alava podría haber indagado fácilmente en las actividades «sospechosas» de estas empresas.
También analizó el papel de las parejas de los tres principales imputados. «No pueden hacerse una infanta», censuró Izaguirre en referencia a que habían alegado no saber nada a pesar de figurar como administradoras de las sociedades investigadas.
Asociación ilícita. Se situaban a ambos lados para adjudicar y recibir contratos de las instituciones públicas.
Miraron hacia otro lado. La Diputación de Álava podría haber indagado fácilmente estos actos sospechosos.
Llevaba la contabilidad. «Los cuadernos de Ochandiano han sido la pistola humeante de esta investigación»
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