El exviceconsejero Larrañaga se desmarca de los contratos suscritos con la 'trama De Miguel'

Larrañaga -para quien se solicitan 17 años de cárcel- se encuentra entre los 26 imputados en este 'macroproceso' y ha afirmado que él sólo firmaba las autorizaciones de gasto para los programas que le planteaban sus cuatro directores de Departamento, entre los que se encontraba Xabier Sánchez Robles, quien también se sienta entre los acusados por enfrentarse a una condena de 18 años y que declarará la próxima semana en el Palacio de Justicia de Vitoria. En base a su declaración, el antiguo 'número dos' de Cultura no tenía mayores conocimientos sobre los «400 ó 500» contratos de características similares que suscribía anualmente.

«A la Vicesecretaría llegaba una simple hoja», ha señalado el antiguo cargo público del PNV guipuzcoano. A diferencia de lo que su predecesor afirmó ante la Sala durante la fase de testimonios del denominado 'caso De Miguel', Larrañaga ha indicado que sus directores no le trasladaban ninguna clase de documentación para justificar a qué se dedicaba el dinero público. «No intervine en la gestión. No tenía ninguna información sobre cómo se elegía a las empresas», ha insistido cargando cualquier tipo de responsabilidad sobre Sánchez Robles.

Sin embargo, ha puntualizado que no tuvo ningún tipo de sospecha ni queja sobre la labor de su director. «Me basaba en la confianza que tenía sobre ellos para sacar adelante la labor», ha insistido quien fue concejal de San Sebastián y Bergara antes de dar el salto al Gobierno vasco, -eso sí- ha considerado poco «razonable» que se adjudicase trabajos a sociedades sin apenas experiencia en la materia. En todo caso ha recordado que no recibió «ningún tipo de advertencia» de irregularidades por parte de la oficina de control económica o el tribunal de cuentas del País Vasco.

El abogado de Gurutz Larrañaga sostiene que su cliente se sienta en el banquillo de los acusados por «elevación», ya que no conoce a ninguno de sus compañeros de banquillo y su nombre no aparece en la agenda de ninguno de los imputados ni se le menciona en los correos electrónicos que forman parte de los 25.000 folios del sumario. «En mis 22 años como cargo público ni he desviado fondos ni he utilizado mi posición para beneficiarme o beneficiar a otra persona», ha añadido.

Se da la circunstancia de que el viceconsejero del Ejecutivo autonómico entre 2003 y 2009 ha sido el segundo de los catorce imputados que ha aceptado responder a las preguntas del fiscal jefe, Josu Izaguirre, provocando un significativo revuelo en el plenario. «No se me alboroten ustedes», ha solicitado el presidente del tribunal, el juez Jaime Tapia, durante el interrogatorio. «Es lo que pasa cuando se les interroga a las personas acusadas», ha lanzado el magistrado. En este caso no es que haya alcanzado alguna clase de pacto con el Ministerio Público, ya que ni siquiera ha aceptado participar en la negociación desarrollada en los últimos mesespara lograr una rebaja en la solicitud de pena de cárcel a cambio de una confesión.

El arquitecto Sergio Fernández, que se enfrenta a una solicitud de 12 años de cárcel, ha negado que apartase a la empresa de la denunciante, la abogada urbanista Ainhoa Alberdi, en un contrato para la reparcelación del parque tecnológico de Miñano -distinto al que supuestamente derivó en la petición de una 'mordida'- por orden de Alfredo de Miguel. El administrador del estudio Stoa ha justificado que todo tiene su origen en un error humano. «Llegué un sábado a la una de la mañana de Madrid, donde estaba haciendo unas clases para sacarme la carrera de ingeniero de Caminos. Me había comprometido a presentar nuestra oferta un domingo y de ahí, la columpiada que me pegué», ha lanzado.

Y es que, como consecuencia del 'copia-pega' a la hora de redactar la oferta en el ordenador, acabó enviando las mismas cantidades que había calculado para otro proyecto en la localidad vizcaína de Abanto. Por lo que, en vez de plantear que iba a realizar los trabajos por 499.000 euros, se comprometía a hacerlo por 349.000. En el caso del centro de Vitoria acudía en alianza con Urbanorma Consulting, firma de Alberdi, y la abogada no aceptó rebajar sus honorarios, siempre según Fernández, pese al error. Medió la dirección del parque tecnológico para que llegasen a un acuerdo para completar los trabajos, pero hubo «una falta de entendimiento en las condiciones económicas» por lo que rompieron su alianza. Al final recurrió a una tercera empresa denominada Lugarfive, que había quedado en segunda posición en dicho proceso de adjudicación y que había renunciado a recurrir, como afirmaron algunos de sus responsables en la primera fase del juicio.

Este contrato con el parque tecnológico de Miñano sigue vigente y la empresa Stoa continúa con los trabajos porque la adjudicación sigue siendo «legal» para las instituciones. El Ayuntamiento de Vitoria ya ha precisado que si la sentencia de los jueces constata alguna irregularidad «se rescindirá» el acuerdo.