El exviceconsejero de Cultura lanza 'dardos' contra el director de juventud imputado en el 'caso de Miguel'

El letrado Miguel Alonso ha argumentado, en todo caso, que tampoco existen pruebas para condenar al que fuera alto cargo del Ejecutivo de Juan José Ibarretxe (hoy jubilado) por dictar resoluciones arbitrarias «a sabiendas de su injusticia». En este sentido, ha recordado la reciente sentencia del 'caso Margüello'. Para su cliente se trata de un caso similar. El exviceconsejero de Sanidad Gabriel Cerdán salió absuelto después de haber sido imputado por dar la luz verde final a una serie de contratos que habían recibido antes el visto bueno de la dirección territorial. Pero además ha recordado que Larrañaga firmó durante su mandato 3.000 contratos. De estos, son los 20 contratos menores y 3 de mayor rango que provenían de la Dirección de Juventud los que han sido cuestionados por la Fiscalía. Alonso ha insistido en que fueron el 0,5% de los autorizados durante toda la legislatura por Larrañaga, un político que, ha insistido, no tuvo «problemas» con ninguna de las «otras» direcciones que dependían de él. A su juicio, lo que ha ocurrido con su defendido es un ejercicio de «ingeniería acusatoria». Y ha subrayado que, para condenar por prevaricación, lo que inclina la balanza es la «arbitrariedad», no la ilegalidad.

En este punto, el abogado no ha dudado en lanzar 'dardos' contra algunos de los acusados. Sobre todo, contra el que fuera director de Juventud, Xabier Sánchez Robles. Se trata del alto cargo de su mismo departamento, del que provenían los contratos supuestamente irregulares y al que el propio Gobierno vasco «no le ha temblado el pulso» a la hora de responsabilizarle de haber cometido malversación de caudales. Lo ha hecho señalando las diferentes estrategias procesales. Su cliente ha contestado a «todas las preguntas» de la acusación porque entiende que un funcionario «debe estar al servicio de la Justicia». Y, sobre todo, lo ha hecho recordando que Larrañaga no se fue de «viaje» con ninguno de los acusados y su nombre no aparece en ninguna agenda, en ninguna llamada ni en ninguna reunión mantenida por los supuestos integrantes de la trama. «Nadie le conocía», ha insistido. ¿Por qué le acusaron entonces? Según su abogado, y con «independencia de lo que hayan hecho el resto de acusados», lo hicieron por «elevación», porque era la persona que finalmente firmaba los contratos. Un criterio que ha no ha dudado en cuestionar. Entonces, «¿quién controla al viceconsejero?», se ha preguntado. Alonso, finalmente, ha lamentado las «tremendas» repercusiones personales que ha tenido todo este «mediático» procedimiento en su cliente. «Esto no es Nueva York. Aquí todos nos conocemos», ha enfatizado.