Los expertos retrasan a marzo el análisis de los puntos más espinosos de la reforma del Estatuto

Fue el pasado 26 de octubre cuando la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria, entregó a Mikel Legarda, propuesto por el PNV; a Iñigo Urrutia, por EH Bildu; a Arantxa Elizondo, por Elkarrekin Podemos; a Alberto López Basaguren, por el PSE, y a Jaime Ignacio del Burgo, por el PP, toda la documentación recopilada durante los años en los que ha funcionado la ponencia destinada a «actualizar» el actual texto de Gernika. En aquel mismo acto, los miembros del grupo «técnico» ya asumieron la complejidad del mandato.

Sobre la mesa tienen un documento de bases pactado por el PNV y EH Bildu y que cuenta con el rechazo explícito del resto de partidos al considerar que tiene una marcado sesgo soberanista. El texto, por ejemplo, plantea una diferenciación entre nacionalidad y ciudadanía y apuesta por el derecho a decidir, entre otras cuestiones. A pesar de las apelaciones del lehendakari y de Andoni Ortuzar a la necesidad de «ensanchar los consensos», tanto Podemos, el PSE y el PP creen que con la redacción actual el acuerdo es imposible.

Desde finales de octubre, los cinco expertos se han reunido en un par de ocasiones. Pero los encuentros han servido para poco más que establecer una metodología de trabajo. No será hasta esta misma semana cuando hinquen el diente al contenido del texto pactado entre el PNV y Bildu.

Fuentes parlamentarias señalan que la idea que han trasladado a los diferentes grupos es que primero abordarán las cuestiones donde el acuerdo es más probable. Entre ellas está el capítulo de los derechos, un apartado en el que los cinco grupos con representación en la Cámara comparten la necesidad, en mayor o menor grado, de reforzar los principales pilares del Estado de Bienestar: Educación, Sanidad, protección social...

Pero la parte sustancial del debate no llegará hasta dentro de dos meses, aproximadamente. Y para entonces no parece que se haya abandonado el «callejón sin salida» en el que está la reforma del autogobierno. «Los expertos estamos para lo que estamos. Si los problemas de autogobierno fuesen técnicos, los expertos podrían corregirlos, pero como las partes no han transigido para llegar a acuerdos más amplios... Un técnico puede llegar hasta donde puede llegar», vaticina un jurista que pasó por la ponencia parlamentaria y que ahora ve con cierto escepticismo la labor a la que se enfrentan sus compañeros.

En principio, el plazo que se asignó a los cinco especialistas para que entregasen su propuesta fue de ocho meses. Por tanto, expira justo después de las municipales y forales del próximo mes de mayo. No es casualidad. Fuentes parlamentarias creen que cualquier posible viraje del PNV solo se dará tras esos comicios. El escenario político no ayuda. El texto de bases aprobado por el PNV y EH Bildu no pasaría el corte en el Congreso de los Diputados, lo que reeditaría un escenario similar al de 2005 con el plan Ibarretxe. Pero en el PNV dan por hecho que, si como se prevé, las elecciones generales se adelantan y PP, Ciudadanos y Vox refuerzan sus posiciones, el horizonte será aún peor y la reforma del Estatuto quedará, una vez más, olvidada en el cajón.