Los expertos presentarán en noviembre un articulado del Estatuto con un 90% de acuerdo

De este modo, la idea de los socios de gobierno, PNV y PSE, es que vuelva a la Cámara un «texto con consensos muy avanzados» que, aunque no pueda tramitarse esta legislatura, sí pueda retomarse en la próxima -en la que todo apunta a una reedición de la coalición entre jeltzales y socialistas- ya con buena parte del trabajo «adelantado».

El debate interno en el seno del grupo de juristas y catedráticos designados por los partidos para dar forma jurídica a las bases consensuadas en su día por PNV y EH Bildu, sin perjuicio de la incorporación de los votos particulares del resto de fuerzas, entrará a partir de septiembre en su fase decisiva.

Será entonces cuando se aborden las cuestiones más «resbaladizas», que los expertos no han abordado todavía. Hasta ahora, han logrado redactar los capítulos correspondientes a los derechos sociales y a las relaciones con Europa, un ritmo de trabajo que le sirvió a EH Bildu -y al jurista que representa a la coalición, Iñigo Urrutia- para desmarcarse y depositar en la ponencia su propio texto articulado.

La espantada de la izquierda abertzale y la prórroga de cinco meses enterraron en la práctica las posibilidades de que la tramitación parlamentaria del futuro Estatuto se pudiera completar antes de la disolución de la Cámara en 2020. No obstante, con la vista puesta en las autonómicas, a todos los grupos les interesa enviar un mensaje claro en torno a la espinosa cuestión del nuevo estatus. En el caso de PNV, PSE y Podemos, la de que la tarea es posible con un alto porcentaje de acuerdo. De hecho, son los juristas designados por estos tres grupos -Mikel Legarda, Alberto López Basaguren y Arantxa Elizondo- quienes están encontrando más facilidades para alcanzar puntos de encuentro.

La duda que los grupos tienen ahora es si EH Bildu y el PP se desmarcarán o no del consenso. La izquierda abertzale, además de forzar su desmarque, siempre ha presionado al PNV para que no desnaturalice las bases, netamente soberanistas, acordadas en su día por las dos fuerzas nacionalistas. El PP, representado en la comisión por Jaime Ignacio del Burgo, empuja en la dirección contraria para que los jeltzales rompan con Bildu si quieren negociar los Presupuestos con ellos.

En este clima, la impresión de quienes siguen los trabajos del grupo designado por la ponencia de Autogobierno es que a partir de septiembre será posible avanzar significativamente en los títulos correspondientes a los poderes y a las competencias, que incluye dos cuestiones que interesan especialmente al PNV: el blindaje del 'corpus' competencial para evitar laminaciones y el sistema mutuo de garantías que consagre una bilateralidad efectiva al estilo de la que opera para el Concierto Económico.

Ahí estará uno de los meollos del debate, junto a otro asunto en el que los jeltzales tienen especial interés, el del régimen económico y fiscal de Euskadi, que debería consolidar, a su juicio, la autonomía financiera vasca y reforzar las competencias de Euskadi, por ejemplo, sobre el endeudamiento y el control del gasto público. Más complicado parece introducir modificaciones de calado en el capítulo de los poderes, en el que tradicionalmente se ha planteado la exigencia de un Poder Judicial propio.

Ésa será la parte del león del debate y donde los juristas tendrán que emplearse a fondo para limar aristas y alcanzar consensos. Las discrepancias insalvables llegarán, con toda probabilidad, cuando se afronte la redacción del preámbulo y el título preliminar, que incluyen la cuestión del derecho a decidir, de la distinción entre ciudadanía y nacionalidad o la definición de Euskadi como sujeto político con identidad nacional.

No obstante, aunque esas cuestiones fueron las que el grupo parlamentario del PNV, comandado por Joseba Egibar, pactó, no sin polémica, con la izquierda abertzale, jeltzales y socialistas quitan hierro ahora a esas posibles divergencias, si se logra un consenso «amplio y sólido» en casi todo lo demás.