Expertos cifran en 25.000 millones de euros el perjuicio del terrorismo de ETA

Que la actividad terrorista de ETA tuvo un impacto económico en Euskadi y el resto de España es algo indudable. Lo difícil ha sido ponerle cifra. El libro ‘La bolsa y la vida’ (Ed. La esfera de los libros), a la venta desde esta semana, aborda con todo tipo de «cautelas» este fenómeno. Secuestros, robos, chantajes y atentados. La banda terrorista causó miles de víctimas -el número de extorsionados podría superar los 9.000- y se estima, así recoge la publicación, que «el coste directo de la existencia de ETA» ascendió a 25.000 millones de euros.

El trabajo, coordinado por el fundador de Bakeaz Josu Ugarte, cuenta con la participación de los historiadores Gaizka Fernández Soldevilla y Francisco Javier Merino; el director del Memorial por las Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez; Martín Alonso, doctor en Ciencias Políticas; Pablo Díaz Morlán y Borja Montaño, doctores en Ciencias Económicas, el ertzaina Doroteo Santos y José María Ruiz Soroa, doctor en Derecho. En casi 600 páginas desmiga, en base a informes de la policía y sumarios judiciales, la historia económica de ETA y la violencia que ejerció contra el mundo empresarial. La presentación del libro tendrá lugar en Bilbao el próximo 6 de febrero.

¿Hasta qué punto se puede cuantificar el impacto que ha tenido ETA en la economía? ‘La bolsa y la vida’ establece unos costes directos de la existencia de la banda -actualizados a diciembre de 2016- de entre 20.000 y 25.000 millones de euros. Dos proyectos que estuvieron en el punto de mira de los terroristas generaron un gasto especialmente elevado: el cierre de la central nuclear de Lemóniz supuso alrededor de 6.000 millones y la autovía de Leizarán, que se inauguró tras haber cambiado el trazado, casi diez millones. ETA asesinó, además, a ocho personas vinculadas a ambas obras. Según se recoge en la publicación, en los años más duros de ETA -hasta mediados de los noventa-, el coste directo de secuestros, extorsiones y atracos rondó los 87 millones de euros.

Los gastos policiales y penitenciarios superaron los 6.000 millones de euros. En materia de seguridad, solo entre 1994 y 2003, en plena campaña de ‘socialización del sufrimiento’, se destinaron más de 30 millones a los partidos políticos, mientras que se calcula que lo gastado entre 2000 y 2013 en proteger a los amenazados ascendió a 1.625 millones. Más de 400 millones se destinaron a indemnizaciones. «Evidentemente, este coste es muy inferior al que ETA ha podido causar por la vía de la reducción del potencial de crecimiento económico», sostienen los autores. La estimación «más respetada» del porcentaje del PIB per cápita perdido por los vascos es del 10 por ciento. Otros estudios hablan de porcentajes superiores al 20%. «La cuantificación en estos términos resulta extremadamente difícil», asumen.

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ETA tardó años en conseguir el dinero que le permitiría emprender la vía de la violencia. Hasta que fue capaz de autofinanciarse por medio de los atracos a mano armada, la banda «se nutrió de las suscripciones de sus miembros». Según el primer informe policial que menciona a la organización, fechado en agosto de 1961, «las cotizaciones de los etarras eran de entre 3 y 5 pesetas semanales», revela el libro. La maquinaria de la extorsión empezaba, ahora bien, a asomar la cabeza. Se empezaron a preparar «listas de gente con posibilidades», «más o menos nacionalista». Presuntamente, los ‘donativos’ eran voluntarios, si bien los terroristas advertían ya entonces: «si entre los visitados alguno no es patriota vasco puede negarse a pagar. Pero no olvide que la delación se paga con la muerte».

Una denuncia en 1964 de Ramón de la Sota Mac Mahon, influyente empresario y político vinculado al PNV frenó la extorsión. O más bien la postergó. En 1975 el mal llamado ‘impuesto revolucionario’ estaba ya en marcha. Según un informe de la Guardia Civil citado en el libro, se calcula que la banda logró en un año hacerse por esta vía con un presupuesto de unos 400 millones de pesetas (2,4 millones de euros).

Vista la rentabilidad del chantaje, hubo quienes buscaron «enriquecerse a costa del creciente miedo». El 5 de julio de 1978 en Zarautz ETA-pm asesinó a Domingo Merino Arévalo, a quien acusó de hacerse pasar por el líder etarra Txomin Iturbe para extorsionar a algunos empresarios. El descontrol hizo que los terroristas suspendieran provisionalmente el ‘impuesto revolucionario’. Recurrieron entonces al secuestro de industriales y directivos. En total, 38. Otros trece fueron retenidos y puestos en libertad con tiros en las piernas.

El primer secuestro que acabó con el asesinato de un rehén fue el de Ángel Berazadi, un industrial guipuzcoano cercano al PNV. Fue en 1976. La familia se declaró incapaz de sufragar los 200 millones que le reclamaba la banda. Ofreció una cantidad menor, pero los terroristas decidieron «dar un escarmiento a los empresarios vascos». Cuatro secuestros más tuvieron el mismo trágico desenlace.

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ETA funcionó «con un presupuesto bastante limitado». «En su mejor momento, a mediados de los ochenta, el presupuesto anual de ETA oscilaba entre los 5 y 6 millones de euros, mientras que el IRA multiplicaba casi por cinco esas cifras», señalan los expertos. Su primer atraco fue en septiembre de 1965. Asaltaron a un cobrador del Banco Guipuzcoano, que les dejó «un sustancioso botín de 2,75 pesetas, las monedas que llevaba el empleado para dar el cambio cuando cobrara los recibos». Entre 1977 y 1986 -cuando abandonaron esta práctica-, obtuvieron unos 555 millones de pesetas (3,3 millones de euros). Mediante secuestros, los autores estiman que la banda se hizo con más de 6.000 millones de pesetas (36 millones de euros), lo que se cree permitió a ETA financiarse durante quince años.

Las cantidades que la banda reclamaba a los extorsionados oscilaban entre las 200.000 pesetas y los 50 millones de pesetas (hasta 300.000 euros). Según la documentación intervenida en el zulo de Sokoa, los terroristas habrían recaudado hasta 1986 un total de 1.163 millones de pesetas, equivalentes a 6,9 millones de euros. También se identificaron 23 puntos del País Vasco francés en los que se cobraban los chantajes. El más utilizado, la casa de un sacerdote cercano a ETA.

La disponibilidad de recursos de la banda fue mucho mayor en los setenta y ochenta, cuando funcionaba con un presupuesto de entre 4,5 y 6 millones de euros -en valor actualizado-, mientras que a principios del siglo XXI la cifra no llegaba a los 2 millones. En 1986 ETA cometió 123 atentados y en 2004 perpetró 33.

A principios de los noventa, ETA abrió el ámbito territorial en el que practicaba la extorsión -además de Madrid, se sumaron Aragón, Cantabria y Cataluña- y amplió los objetivos. Así, «incluyó a deportistas, cocineros e incluso simpatizantes de la izquierda abertzale y las cooperativas de Mondragón». El primer caso de un futbolista víctima del chantaje de la banda no se conoció hasta el 12 de octubre de 2000. Fue el vascofrancés Bixente Lizarazu, que había jugado en el Athletic, pero que en aquel momento estaba en el Bayern de Múnich. Los terroristas le exigían el dinero que había cobrado en la selección francesa. ETA confirmó después haber enviado cartas a otros «deportistas vascos de nivel».

En diciembre de 2002, la banda remitió textos de extorsión a nombre de un exjugador del Barça al domicilio de la familia de su esposa, que resultó ser hermana de la miembro del ‘comando Barcelona’ Lierni Armendariz, encarcelada. Esta última escribió indignada desde la cárcel a los dirigentes de ETA: «No sé quién ha sido el responsable, pero mejor si no me lo decís pues me lo comeré... ¡Mataría con mis propias manos a ese cerdo de mierda!».

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Capítulo importante del gasto de ETA fue el apoyo prestado a sus presos. Papeles de la banda incautados en 1992 en Bidart reflejaban que la banda gastaba al año 270.000 euros en sus militantes encarcelados en Francia. Datos de Gestoras pro Amnistía revelaron que el presupuesto para 1991 destinado a los reclusos en España ascendió a los 1,19 millones de euros -en los años siguientes, se duplicó-. Cada recluso recibía mensualmente 115 euros. Pero dicha cantidad varió con el paso del tiempo. Así, en 2005 se vio reducida a los 100 euros. En 2001 Gestoras fue ilegalizada. Entonces contaba con un presupuesto de 3,28 millones de euros. Las ayudas directas a los presos ascendían a un millón.

La fuente principal de ingresos eran las txosnas. El año en que se detuvo su actividad, el dinero procedente de esas casetas rondó los 670.000 euros. Le seguían las cuotas pagadas por simpatizantes (435.000 euros anuales ), las loterías y rifas (más de 327.000) y las ventas de material (114.000). Otras fuentes de financiación eran las huchas colocadas en las herriko tabernas. El trabajo de Gestoras lo continuaron Askatasuna, también ilegalizada.