El debate interno bulle ya en el PNV, una vez que la Asamblea Nacional reunida con carácter previo al Alderdi Eguna en las campas de Foronda dio luz verde el pasado domingo a la convocatoria de la IX Asamblea General que elegirá el nuevo EBB ... los próximos 29 y 30 de marzo en San Sebastián. Pero ya desde unos días antes sobre la mesa del registro de Sabin Etxea descansaba una propuesta, impulsada por destacados exdirigentes jeltzales guipuzcoanos y vizcaínos, de modificación de los estatutos nacionales del partido, una reforma que se acometerá también en el cónclave junto a la aprobación de cinco nuevas ponencias políticas y organizativas.
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El texto, de once folios y al que ha tenido acceso EL CORREO, busca así adelantarse a los cambios que proponga la actual cúpula del PNV para actualizar el reglamento de funcionamiento interno del partido y orientar el debate en una dirección clara, la limitación estricta de mandatos consecutivos en el mismo cargo a tres (doce años, por lo general) y hacerlo además «sin poner el contador a cero», es decir, sin efectos retroactivos para los burukides que ya hayan encadenado esos tres periodos. El objetivo de esos cambios -a los que se suman además previsiones para evitar la «acumulación» de responsabilidades públicas y orgánicas y para modificar el sistema de elecciones internas- pasa por «recuperar las señas de identidad del partido, superar déficits organizacionales y reactivar la vida interna, fomentando al mismo tiempo la participación política», según argumentan sus promotores. En su opinión, «cada vez hay más batzokis cerrados» y en las asambleas cada vez se toma menos la palabra.
De estar en vigor una modificación en ese sentido, Andoni Ortuzar no podría optar a la reelección como presidente del Euzkadi buru batzar, pero tampoco Iñigo Urkullu habría podido presentarse de nuevo a la Lehendakaritza de no haber impulsado Sabin Etxea su relevo. De hecho, el texto, al que registrado el pasado 24 de septiembre, propone que tampoco las responsabilidades institucionales puedan alargarse 'sine die' en el tiempo en el caso del lehendakari, consejeros, viceconsejeros, directores, asesores gubernamentales, presidentes del Parlamento, parlamentarios, diputados generales y alcaldes.
Los autores de la propuesta son el expresidente del Gipuzku buru batzar Juan Mari Juaristi, 'Zeler' -lo fue entre 2000 y 2004-, antiguo 'delfín' de Joseba Egibar y después puntal del exiguo sector crítico guipuzcoano, y el historiador Patxi Agirre, afiliado en Villabona. Además, el documento cuenta con el aval expreso de tres exsecretarios vizcaínos del EBB con amplio recorrido orgánico e institucional a sus espaldas: Josu Bergara -que fue parlamentario, juntero y diputado general de Bizkaia-, Ricardo Ansotegi -también diputado foral y parlamentario en Madrid- y Belén Greaves, exconsejera de Comercio y Turismo del Gobierno vasco.
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La dilatada trayectoria de los cinco impulsores del documento se nota en el «análisis histórico» que acompaña a su propuesta, que emplea la misma cita de José Antonio Agirre en la Asamblea Nacional de Tolosa de 1932 que reprodujo Andoni Ortuzar en su discurso del Alderdi Eguna el pasado 29 de septiembre: «Hay derecho a criticar, pero sólo para construir, no para destruir». El texto se inspira además en la propuesta de funcionamiento interno que hizo el exsenador Ramón Azurza en 1978 para, entre otras cosas, garantizar la representación interna de las «minorías» y evitar que la plancha ganadora cope todo el poder.
De hecho, los autores recuerdan que el «extraordinario peso político» del liderazgo de Xabier Arzalluz allanó el camino a «ampliar en lo temporal» los límites de su mandato, una excepción «que se ha convertido en norma» y ha propiciado «liderazgos largos, que, a su vez, pueden generar inercias no deseadas y actitudes obstaculizadoras del fomento de la rotación en la participación política». Los estatutos actuales, ratificados en 2020, establecen que la reelección de cargos internos sólo podrá efectuarse una vez pero abren la puerta en la práctica a la laxitud, al recoger la posibilidad de que la asamblea competente «de manera expresa e individualizada» levante la incompatibilidad.
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Lo mismo sucede, a su juicio, con la acumulación de cargos, que ahora proponen limitar para que ningún burukide pueda ocupar un puesto en el Gobierno vasco, diputaciones o ayuntamientos, salvo asesor, y para que, en general, no se pueda simultanear más de un cargo público y uno interno. Según dicen, la «flexibilidad» aplicada para que el partido no tenga que pagar tantos «salarios» ha propiciado que «un círculo cada vez más reducido de personas» cope el poder.
El documento ahonda también en una detallada reforma de los procesos electorales para que, en caso de que concurra más de una candidatura, se aplique la ley d'Hondt para el reparto de puestos en la ejecutiva correspondiente.
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