Los exjefes de ETA, en el punto de mira de la justicia

El pilar central que sostiene esas demandas es «la autoría mediata por dominio» que podría resumirse como la responsabilidad sobre los subordinados de quien está en la cúspide de la organización terrorista. Los delitos de los unos son imputables, también, a los otros. Durante los últimos meses ha puesto el foco en este argumento jurídico, con especial énfasis, Dignidad y Justicia, pero la idea de encausar a las cúpulas se remonta bastantes años atrás, cuando lo hizo Consuelo Ordóñez en el caso de su hermano Gregorio, que fue asesinado cuando era teniente alcalde de San Sebastián.

Ordóñez demandó a finales de 2014, al borde de la prescripción del atentado, a la cúpula que tenía ETA cuando mataron a Gregorio Ordóñez. Una 'zuba', en la terminología de la banda, donde estaban, entre otros, Mikel Albisu, 'Mikel Antza', e Iñaki Gracia Arregi, 'Iñaki de Renteria'. Aquella demanda logró que el caso no prescribiera y tanto la Policía como la Guardia Civil han ido aportando informes. Entre ellos, el 'Zutabe' -el boletín interno- posterior al crimen, que dedicó un capítulo a justificar el asesinato del teniente de alcalde donostiarra. La clave, según los expertos es lograr un testimonio o hallar un documento que demuestre que esos dirigentes dieron efectivamente la orden.

Saber quién estaba en la cúpula de ETA en cada momento no resulta sencillo. Durante muchos años los expertos recurrían a todo tipo de especulaciones. No es raro encontrar equívocos gruesos, como el de la cúpula 'Artapalo', que se creyó que era el apodo de un etarra hasta que se supo que era la terna que formaban Francisco Múgica Garmendia, 'Pakito', jefe del aparato militar; José Luis Álvarez Santacristina, 'Txelis', del político; y José María Arregi, 'Fitipaldi', del logístico.

Por eso resultan ahora tan relevantes los informes que está aportando la Policía Nacional y la Guardia Civil, basados en documentos, declaraciones y 'cantadas', comunicaciones intervenidas a los presos donde reconocían su autoría ante la cúpula.

La justicia abrió esta vía para combatir la impunidad que sobrevuela unos 300 asesinatos de ETA que permanecen sin resolver. En esa maraña de sumarios se abrió un poco de luz cuando los jueces comenzaron a aceptar a trámite estas demandas, que van un paso más allá y tiran de la 'autoría mediata por dominio', la responsabilidad que entraña la propia jerarquía. El superior lo es en relación a los actos de su subordinado, aún cuando no concrete exactamente el objetivo.

Uno de los primeros pasos adelante para la teoría que sustenta estas demandas fue un símbolo: Miguel Ángel Blanco. El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón imputó a los exjefes etarras Mikel Albisu 'Mikel Antza', su compañera Soledad Iparragirre 'Anboto' y el responsable de los comandos ilegales, José Javier Arizkuren, 'Kantauri'.

En la inmensa mayoría de los casos, los dirigentes etarras se han negado a declarar ya que su propio testimonio podría incriminarles. 'Antza' fue uno de los primeros en negarse a declarar en los juzgados de San Sebastián por el caso de Ordóñez, donde fue recibido con aplausos por miembros de Sortu. Todos han seguido una línea similar de silencio. El último caso se produjo el 23 de marzo pasado, cuando Javier García Gaztelu, 'Txapote', Ainhoa Mugica, 'Olga', y Juan Antonio Olarra, 'Jokin', rechazaron declarar sobre el asesinato del juez Francisco Querol, su chófer y su escolta en el año 2000.