El PP exige que las instituciones 'rompan' con una firma del 'caso De Miguel'

Así se recoge en el fallo y ése es el argumento que ahora emplea el PP para exigir a las instituciones alavesas propietarias de ese recinto industrial que «anulen o resuelvan» de manera inmediata el contrato «amañado» suscrito con esa compañía. Los populares ya han presentado una moción en las Juntas Generales, que también registrarán en el Parlamento vasco y el Ayuntamiento de Vitoria, para que el consejo de administración del parque tome las medidas necesarias para 'romper' con esta compañía. Las tres instituciones están en manos, en coalición con el PSE, del PNV, partido al que pertenecían los principales acusados en este caso.

No es la primera vez que los populares de Álava, así como EH Bildu y Elkarrekin Podemos, reclaman que las instituciones se desmarquen por completo de esta firma, en el ojo del huracán desde el mismo momento que se destaparon las actividades delictivas de Alfredo de Miguel y sus colaboradores. De hecho, los partidos de la oposición han reclamado en varias ocasiones a lo largo de los años la anulación de los vínculos contractuales con Stoa. En septiembre de 2018, el tema se trató en el pleno del Ayuntamiento de Vitoria y la por entonces concejala de Desarrollo Económico, la jeltzale Nerea Melgosa, defendió que la contratación fue «legal». «Veremos la decisión judicial. Si existiera alguna irregularidad y así lo confirma el juez, se pedirán las correspondientes responsabilidades y se procederá a rescindir el contrato», aseguró la edil.

Los principales condenados del 'caso De Miguel' sabrán hoy si entran ya en prisión o, por el contrario, pueden permanecer en libertad hasta conocer si prosperan los recursos ya anunciados ante el Tribunal Supremo. La Audiencia ha citado a las 9.30 horas a los abogados de Alfredo de Miguel (13 años de condena), Koldo Ochandiano (7 años), Xabier Sánchez Robles (7 años), Aitor Telleria (6 años) e Iñaki San Juan (5 años), así como a los letrados de Josu Montes (4 años y 4 meses) y Jon Echaburu (2 años y 5 meses). La Fiscalía ha solicitado para los cinco primeros el ingreso inmediato en la cárcel, mientras que para los dos últimos pide la retirada del pasaporte.

Durante la vistilla prevista para hoy, el tribunal valorará si existe riesgo de fuga o de reiteración delictiva. Tras deliberar, los jueces podrán acordar su entrada en prisión o su libertad bajo medidas cautelares, como la retirada del pasaporte o la comparecencia periódica.