La exhumación de Franco llega a su fin tras 416 días de resistencia familiar

Los restos del dictador han permanecido bajo la lápida principal del Valle de los Caídos desde su entierro el 23 de noviembre de 1975. Un reposo de 43 años y 11 meses, durante el que han desfilado siete presidentes de Gobierno por La Moncloa, cuatro Papas por El Vaticano y en el que han sido coronados Juan Carlos I y Felipe VI.

En todo este tiempo se ha planteado varias veces el traslado de sus restos a otro lugar, pero no fue hasta el anuncio oficial del presidente socialista Pedro Sánchez el 18 de junio del año pasado -solo dos semanas después de ganar la moción de censura que expulsó del Gobierno a Mariano Rajoy- cuando esta posibilidad cobró realmente fuerza.

«España no se puede permitir símbolos que separen a los españoles. No es abrir heridas, es cerrarlas, y apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios», dijo en aquel momento Sánchez, aún sin tener muy claro el método ni el largo camino que tenía que recorrer. El presidente retomaba un viejo anhelo de José Luis Rodríguez Zapatero, que como asegura él mismo, llegó «hasta donde pude llegar».

Han sido, en total, 416 días que comenzaron el 24 agosto de 2018 con la modificación, por real decreto, de la Ley de Memoria Histórica, y terminarán antes del próximo viernes, cuando, como se anunció en el Consejo de Ministros, se procederá a trasladar los restos de Franco hasta el cementerio de Mingorrubio, en el distrito de El Pardo.

Hasta ahora el viaje ha sido poco trepidante -el féretro aún no se ha movido un centímetro- porque ha estado plagado de numerosos escollos y una batalla legal con la familia Franco. Ellos rechazaron frontalmente el traslado desde el primer momento y propusieron como destino final la Catedral de La Almudena, donde yacen los restos de la hija del dictador, Carmen, si no era posible evitar la exhumación. Además, exigían que el nuevo entierro se celebrase con «honores militares».

El asunto de La Almudena se zanjó pronto, con un informe de la Delegación del Gobierno en Madrid, que concluyó que los restos de Franco «no deberían bajo ningún concepto enterrarse en la cripta de la catedral por motivos de orden público». Para el negociado espiritual, en cambio, hizo falta la visita a El Vaticano de la vicepresidenta Carmen Calvo, principal responsable de ejecutar toda la operación. La 'número dos' de Sánchez se reunió allí con el secretario de Estado, Pietro Paroli, quien dejó claro que la Santa Sede no se oponía al traslado.

Con el Gobierno puesto al día en materia judicial y canónica parecía que la exhumación ya era un hecho consumado. Sin embargo, dos escollos volvieron a retrasarlo. El 17 de febrero Sánchez se vio forzado a convocar elecciones generales después de que la oposición tumbara sus Presupuestos. Diez días más tarde, un juzgado de Madrid suspendió cautelarmente el permiso de exhumación por considerar que «levantar la losa de granito de 2.000 kilos de la tumba podía poner en peligro a los operarios».

Pero el 15 de marzo, a poco más de un mes de los comicios, el Gobierno fijó el 10 de junio como fecha límite para llevar a cabo el traslado y decidió que el lugar elegido fuera el cementerio de Mingorrubio, situado a 60 kilómetros del Valle de los Caídos.

Llegó la fecha y Franco seguía junto a la tumba de José Antonio. El Supremo, a instancias de la Fundación que lleva el nombre del dictador, congeló la exhumación a falta de una sentencia firme. La familia seguía empeñada en La Almudena hasta que se topó con la Abogacía del Estado el pasado 9 de septiembre. El órgano defendió la decisión del Gobierno y criticó el informe pericial de los Franco calificando algunas partes de «trabajo escolar».

La fecha crucial llegó el 24 de septiembre, cuando el Supremo autorizó la exhumación tras rechazar el recurso de los nietos. Tras el acuerdo del Consejo de Ministros, los restos acabarán moviéndose 416 días después del primer anuncio.