El exdirigente del PNV De Miguel evitará su entrada en prisión hasta finales de abril

La nueva fecha del teórico ingreso carcelario para los cuatro grandes implicados en el 'caso De Miguel' responde a que el Servicio Común Procesal de Ejecución Penal les comunicó ayer, y de manera oficial, el inicio de la cuenta atrás para el cumplimiento de sus condenas.

Éstas se emitieron en diciembre de 2019 por la Audiencia Provincial de Álava, mientras que la ratificación del Tribunal Supremo se demoró hasta enero, hace casi tres meses. Los hechos probados corresponden a los años anteriores a 2009, cuando la abogada vizcaína Ainhoa Alberdi les denunció tras ser 'invitada' a abonar una comisión ilegal para obtener un contrato en Álava.

Cabe recordar que De Miguel fue castigado con nueve años entre rejas por delitos como asociación ilícita, blanqueo de capitales, tráfico de influencias o malversación de fondos públicos. Básicamente, este exdirigente del PNV alavés y sus cómplices urdieron una red corrupta para llevarse mordidas y optar a subvenciones públicas de forma ilícita durante varios años.

Así, la Justicia activa hoy el plazo de diez días hábiles para que De Miguel, Tellería, Ochandiano y Sánchez Robles se presenten en los centros penitenciarios de Zaballa o Basauri. ¿A qué se debe esta demora sobre el viernes 31 de marzo estipulado en un principio? Una de las razones hay que buscarla en la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ). Este conflicto laboral no se resolvió hasta el martes. Y ayer, el LAJ de Ejecución Penal timbró la comunicación oficial que activa el reloj carcelario. No obstante, todavía puede sufrir nuevos retrasos.

El mandamiento de Ejecución Penal representa un paso determinante pero no definitivo. ¿Por qué? Debido a que las defensas de los catorce implicados pueden presentar nuevos recursos. Los cuatro penados con prisión real, para retardar más allá del 18 de abril la entrada. Esta fase judicial también servirá para que los otros diez sentenciados –con condenas menores– soliciten la suspensión de sus penas. Es decir, evitar la prisión a cambio de no volver a delinquir en un plazo mínimo de dos años.

Alfredo de Miguel y una quincena de cómplices –entre ellos su mujer– fueron condenados el 17 de diciembre de 2019 por la Audiencia Provincial de Álava. Sin embargo, el dictamen firmado por la magistrada Elena Cabero fue recurrida en masa, retrasando su firmeza hasta el pasado 9 de enero. Esa jornada, el Tribunal Supremo ratificó todos los cargos con mínimas reducciones.

Desde aquella fecha, tanto De Miguel como el resto de condenados se han dedicado a presentar nuevos recursos con el objetivo de retrasar sus altas carcelarias o, en el mejor de los casos, obtener la suspensión de penas. En este sentido, el exedil jeltzale en Leioa, Iñaki San Juan, lo consiguió gracias a la reducción del delito de malversación aprobada por el Gobierno central días antes del fallo definitivo.

Por su parte, De Miguel y Tellería han cursado al Ministerio de Justicia sendas peticiones de indulto, todavía por resolverse. No se descarta que Ochandiano o Sánchez Robles prueben idéntica vía de escape.