La exdiputada vizcaína Rosa Martínez será secretaria de Estado de Derechos Sociales

Nacida en León en 1975 pero asentada en Euskadi, Martínez es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y también cuenta con un posgrado en Historia. Su trayectoria ha estado muy vinculada al ecologismo y hasta la fecha desempeñaba su labor profesional en la Fundación Europea para el Clima, donde gestionaba proyectos vinculados a la lucha contra la crisis climática. Fue diputada de Unidas Podemos por Equo entre 2016 y 2019 hasta que renunció a su acta para ejercer como coordinadora de la coalición Elkarrekin Podemos en el Parlamento vasco.

Ese breve paso de apenas un año por la Cámara autonómica fue en realidad un calentamiento para la operación que Lander Martínez intentó para las autonómicas de 2020. En un intento por extender la dinámica de bicefalia imperante en las principales fuerzas políticas vascas, catapultó a Rosa Martínez como candidata oficialista en las primarias de Podemos. Sin embargo, las bases moradas optaron por Gorrotxategi en lo que se interpretó como un voto de castigo a la dirección del partido por, entre otros acontecimientos, su acuerdo presupuestario con el Gabinete de Iñigo Urkullu apenas dos meses antes.

Ambos dirigentes dieron entonces un paso atrás, aunque en este tiempo han seguido vinculados de una u otra manera a la política. Rosa Martínez será nombrada secretaria de Estado en el Consejo de Ministros de mañana martes y fuentes del Ministerio de Derechos Sociales destacan que «aportará su visión ecosocial, basada en derechos y justicia social, y contribuirá a ensanchar la visión de los derechos sociales en un contexto de creciente complejidad política y social, donde se hace necesario repensar el contrato social coordinando y acompasando diversas políticas públicas».

Según esas mismas fuentes, la trayectoria profesional y política de Rosa Martínez «le ha permitido profundizar en un amplio rango de políticas públicas vinculadas a la transición ecológica justa, desde el punto de vista laboral, de equidad y de género». «Esta perspectiva responde a la necesidad de ampliar la concepción de los derechos sociales para hacer frente también al reto de una de una transición ecológica justa y hacer frente a la crisis climática», añaden.