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La política industrial vive un resurgimiento tras décadas donde parecía no ocupar un lugar predominante en la agenda política. No por falta de voces ni de personas expertas que alertasen sobre los riesgos de que la industria europea pueda languidecer y perder competitividad en un ... mundo desordenado donde la competencia entre China y Estados Unidos deja a Europa ante el riesgo evidente de convertirse en un mercado de consumo más que en un mercado que aporte valor añadido, innovación y genere más y mejores empleos. Yo misma escribí un artículo publicado en este mismo periódico hace ahora cuatro años, 'Industria y cohesión social', junto con Eva Arrilucea, donde alertábamos, en plena pandemia, de que cuando la industria desaparece, los lazos antes estrechos que mantenían unidas a comunidades enteras se rompen.
Un estudio de EiTB Data mostraba estos días cómo la riqueza en Euskadi no se puede entender sin la contribución de la industria al PIB: el sector industrial sigue cumpliendo un papel importante en la economía vasca al suponer el 23% del PIB, si bien ha descendido 5 puntos desde la crisis del 2008. No hay nadie que ahora mismo pueda poner en cuestión que la industria es un sector estratégico para Europa en general y para Euskadi en particular. El consenso existe.
Pero el contexto actual marcado por la digitalización y la descarbonización, procesos que no se pueden entender por separado, enfrentan a la industria ante el reto de transformarse y seguir siendo competitiva. No en vano, Teresa Ribera, quien ha sido ministra de Transición Energética y autentico referente internacional en la puesta en marcha de políticas climáticas, asumirá, si no hay sorpresa, la vicepresidenta europea de Transición Limpia, Justa y Competitiva. En Europa, competitividad y transición energética ya no se conjugan por separado –otro de los cambios visibles de la nueva agenda europea–.
No es nuevo el tono del artículo publicado en este periódico por Josu Jon Imaz, 'Industria o populismo', donde interpelaba (y amenazaba) al Gobierno con llevarse las inversiones de Repsol a otro lugar ante la posibilidad de que el gravamen especial sobre los ingresos extraordinarios de las principales empresas energéticas pudiera continuar, algo que finalmente no ocurrirá. Poder político y económico ante una nueva muestra de poder e influencia. Pero, cuando el consenso sobre la industria está fuera de toda duda, cuando la preocupación es compartida por garantizar su arraigo y competitividad, lo más sensato es ensanchar el horizonte de convivencia, no tensionar para fracturar en un momento crucial para la industria, el tejido económico y el bienestar social.
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