Euskadi valora la «seguridad jurídica» que aportará la ley de vivienda

El Gobierno vasco ha acogido con satisfacción, aunque todavía con cautela, el acuerdo logrado por el Gobierno con ERC y EH Bildu para sacar adelante la ley de vivienda. El Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, en manos del PSE-EE, ve «con buenos ojos» la nueva normativa nacional porque «aportará una herramienta importante y seguridad jurídica» tanto a los ayuntamientos como al propio Ejecutivo autonómico, que además se asegura competencias clave de la regulación como la eventual declaración de zonas tensionadas, en las que se establecerían topes más restrictivos al precio del alquiler.

Por ahora, la cartera liderada por Iñaki Arriola aguarda a «conocer la letra pequeña» de la nueva regulación para comenzar a tomar decisiones. Pero EH Bildu, uno de los artífices de la ley, ya ha comenzado a presionar para que el Gobierno vasco declare todo el territorio como zona tensionada. Durante la presentación del acuerdo, el diputado soberanista Oskar Matute apuntó directamente a esta posibilidad amparándose en que una de las condiciones es que los inquilinos destinen más de un 30% de sus ingresos al alquiler. La media en la comunidad autónoma se sitúa en el 30,26%.

Por sus elevados precios en el alquiler, Euskadi es uno de los territorios más interpelados por la ley. Según datos oficiales del Gobierno vasco, la renta media de una vivienda libre es de 711 euros al mes, con Bizkaia (704) y Álava (644) por debajo de la media y Gipuzkoa (739), por encima. Las capitales lideran la tabla por municipios, con San Sebastián (911) a mucha distancia del resto. En Bilbao es de 780 al mes, mientras que en Vitoria baja a los 671.

En cualquiera de los casos, la nueva normativa no será ni mucho menos la primera relativa a la vivienda que se aplica en Euskadi. De hecho, desde 2015 existe una ley vasca que fue aprobada con una inusitada suma de actores. EH Bildu, PSE-EE y UPyD se aliaron en el Parlamento de Vitoria para sacar adelante un texto que contó con el rechazo frontal del PNV, que en ese momento gobernaba en solitario, y del PP. Se trató de la primera norma en España que garantizó la vivienda como un derecho subjetivo. Sin embargo, la norma autonómica no entró a regular otras cuestiones del alquiler, recogidas en la Ley de Arrendamientos Urbanos.