![Euskadi y otros trece territorios autónomos europeos reivindican un estatus propio en la UE](https://s2.ppllstatics.com/elcorreo/www/multimedia/202105/07/media/cortadas/europa-urkullu-k50H-U140296173456dRD-1248x770@El%20Correo.jpg)
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Euskadi y trece territorios europeos más con capacidad legislativa propia se han unido para reclamar un papel destacado en la construcción de la UE. Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, los archipiélagos de Aaland (Suecia), Azores (Portugal), los territorios austriacos de Carintia, Salzburgo, Tirol, Baja ... y Alta Austria, Flandes (Bélgica) y, en calidad de observadores, el Estado Federal de Vorarlberg (Alemania) y Córcega (Francia), completan esta nueva red política e institucional bautizada como RLEG que se reivindica con entidad propia y reclama una mayor participación en el futuro de la UE.
«Las Regiones con competencias legislativas somos esenciales a la hora de legitimar la toma de decisiones y comprometer los procesos de participación y transformación política. La Unión es mucho más que un club de Estados miembros», ha subrayado el lehendakari, Iñigo Urkullu, en la presentación de un acto en formato videoconferencia este viernes, impulsado por el Gobierno vasco, que se ha prolongado durante 40 minutos, y en el que han intervenido representantes políticos de otros territorios implicados en el proyecto. El contexto, la Conferencia sobre el futuro de Europa que arrancará este domingo.
«El camino de la UE se desliza hacia la centralización», ha advertido Urkullu. «Es el camino más simple, pero no contribuye a la transformación institucional desde la participación que propugnamos para la Unión Europea. De hecho, la centralización está poniendo en entredicho la coherencia de nuestro orden constitucional interno, la legitimación social de las políticas y la propia eficacia de las medidas adoptadas».
El acto ha servido para dar carácter formal a un mensaje que este grupo de regiones han trasladado esta misma semana por carta a los líderes de las instituciones europeas Ursula Von der Leyen (Comisión), David Sassoli (Eurocámara) y Charles Michel (Consejo Europeo), así como al presidente de turno de la UE, el portugués Antonio Costa. En la misiva se solicita de forma expresa la organización de un debate sobre «una gobernanza multinivel eficaz» y la creación de un grupo de trabajo que analice la posibilidad de constituir una entidad propia que quedaría identificada como 'Regiones asociadas dentro de la UE' «para una cooperación mejorada y estructural con todas las regiones con poderes legislativos».
Los firmantes consideran que la pandemia ha dado mayor relevancia a la necesidad de «políticas transformadoras» que respondan a las necesidades de los ciudadanos europeos. «En este sentido, las regiones son fundamentales a la hora de deliberar, tomar decisiones y comprometerse como agentes de transformación política, en interés de los ciudadanos para lograr las transformaciones digitales y sostenibles». En concreto, se solicita a la Presidencia de la Conferencia sobre el futuro de Europa «formar parte de su órgano plenario y participar en el seguimiento de sus resultados», precisó el lehendakari.
En el foro de este viernes, el president catalán en funciones, Pere Aragonés, ha reclamado el «derecho a jugar un papel central en la gestión de los fondos europeos» reclamando la cesión «a las regiones de los recursos de reactivación económica que les corresponden». Desde las islas de Aaland se ha advertido del riesgo que existe de «alejar el proyecto europeo de los ciudadanos cuando los Estados miembro son el único punto de contacto de la Comisión Europea». Y desde Salzburgo se ha recordado que «el regionalismo estuvo en la cuna de la Comunidad Europea para superar el excesivo nacionalismo» y que el futuro de la UE depende de «la participación activa de las regiones».
El acto, moderado por la secretaria general de Acción Exterior del Ejecutivo vasco, Marian Elorza, se ha cerrado con la intervención del eurodiputado francés Alain Lamassoure, que abogó por recuperar el espíritu de una propuesta lanzada en la Convención Europea de 2003 y que consistía en reconocer un estatus de regiones integradas en los Tratados de la UE con tres categorías de derechos: ser consultadas por la Comisión Europea en el desarrollo de un proyecto de legislación comunitaria «como por ejemplo la reforma o ampliación del Erasmus o las políticas de cohesión»; también el derecho a contratar directamente con el Ejecutivo comunitario el contenido, prioridades y gestión de distintas medidas con fondos europeos; o el derecho a presentar recurso ante Tribunal de Justicia de la UE «siempre que la UE invada competencias regionales».
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