El Gobierno vasco cree que el traspaso de la AP-68 «refuerza» el modelo del Concierto

La referencia no es baladí: busca legitimar la vía negociadora abierta entre el Ejecutivo vasco y el PNV y el Gobierno de Pedro Sánchez frente a las 'recetas' de Ciudadanos, que en su programa propone acabar con el «cuponazo» vasco, o PP, que apuesta por una moratoria en los traspasos para rediseñar el modelo autonómico. Para el Gobierno de Vitoria, la transferencia de la última autopista que quedaba en Euskadi de titularidad estatal no solo permite «completar el mapa vasco de carreteras», que pasarán íntegramente a manos de las diputaciones, y culminar así un proceso iniciado en 1980, sino que demuestra también la «viabilidad» del cumplimiento «íntegro» del Estatuto de Gernika «a través de la vía del diálogo y la negociación». Es más, el Gabinete PNV-PSE considera que el acuerdo formalizado este martes es un «paso positivo» en el objetivo que mueve a ambos, la consecución de los 37 traspasos pendientes según el informe del Parlamento vasco, que incluye las Prisiones y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.

Para el lehendakari Urkullu, que quedó decepcionado tras el parón en las conversaciones, resultaba vital que el calendario de transferencias diera nuevos frutos antes de las elecciones para apuntalar su relato político, basado en las bondades de la vía pactista con Madrid. De ahí que su Gobierno haya respirado con alivio una vez que Sánchez, consciente de que el PNV puede ser un aliado estratégico de cara a una posible investidura tras el 28-A, ha dado luz verde al traspaso.

Ambos Gobiernos, reunidos por videoconferencia a primera hora de la tarde, rubricaron un acuerdo que permitirá al Ejecutivo vasco asumir la titularidad, funciones y servicios de la autopista desde el punto kilométrico 0, en Bilbao, hasta el kilómetro 77,5, en el límite entre Álava y Burgos. La compañía Abertis, concesionaria de la autopista hasta 2026, mantendrá la potestad administrativa los próximos siete años, por lo que la vía continuará siendo de peaje al menos hasta entonces. Después, serán las diputaciones de Álava y Bizkaia las titulares de la autopista.

La rúbrica llegó tras cerrarse el lunes las negociaciones sobre la valoración económica del traspaso, que habían encallado ante la negativa de la Administración central a asumir la misma fórmula de cálculo que ya se había utilizado en noviembre para transferir un tramo de la AP-1. Finalmente, el Gobierno vasco dejará de pagar dos millones de euros anuales de Cupo, el 6,24% de los algo más de 31 millones que el Ejecutivo centra presupuesta para financiar la red estatal de autopistas.

El Gobierno central, consciente de que el proceso de desecentralización autonómica es dinamita en puertas de la cita con las urnas, quiso subrayar, a través de una nota, la «obligación legal» de cumplir con los Estatutos de autonomía y hacerlo con espíritu «de lealtad y colaboración». El ministerio de Política Territorial que dirige Meritxell Batet recordó que la titularidad foral de las carreteras está avalada por el Tribunal Constitucional. No solo eso. Consciente de que el PP podría usar el acuerdo como munición electoral, el Ejecutivo del PSOE recordó que fue José María Aznar quien, en 1999, autorizó el último traspaso en esta materia a Euskadi (la AP-8), «con la misma base jurídica y competencial» que la utilizada ahora.

Ambas partes dieron a entender que el proceso de transferencias continuará. Horas antes de la Comisión Mixta, Erkoreka admitió «dificultades» para cerrar los otros tres traspasos que se están negociando -las prestaciones sanitarias del seguro escolar, las funciones ejecutivas en materia de productos farmacéuticos y las ayudas previas a la jubilación de trabajadores afectados por EREs- pero dijo ser «optimista». Ya tras la cita, el Gobierno vasco informó de que ambas partes acordaron seguir trabajando en los próximos días y confió en que la reunión de este martes sea el «preludio» de nuevos acuerdos.