Euskadi recurrirá ante el Constitucional la anulación del traspaso de los títulos extranjeros

El fallo del Supremo ha supuesto un auténtico mazazo para el Gabinete de Imanol Pradales, que había dado máxima relevancia a esta competencia. La sentencia, que atiende a recursos de colegios profesionales, establece que si la verificación de las condiciones de títulos profesionales asociados a enseñanzas universitarias «ha de ser competencia exclusiva del Estado» según la doctrina del Constitucional, «por las mismas razones ha de serlo» también la comprobación de la procedencia de la homologación de títulos obtenidos en el extranjero. Es por eso que anula el traspaso firmado el año pasado.

Pese a la contundencia de la sentencia, el Gobierno vasco cree que hay margen para darle la vuelta y presentará primero un incidente de nulidad de actuaciones ante el Supremo como paso previo para registrar el recurso de amparo en el Constitucional. Según ha explicado la consejera de Autogobierno, Maria Ubarretxena, Lakua esgrimirá una «vulneración de la tutela judicial efectiva» e «indefensión» ante el fallo. Además, considera que el alto tribunal se ha «excedido en sus funciones al delimitar» el reparto competencial, una función que corresponde a la corte de garantías.

El recurso supondrá la última bala para tratar de revertir la anulación de este traspaso, pero aun así los gobiernos vasco y central trabajan de la mano para resolver el entuerto que se ha generado. No en vano, durante los quince días que la competencia estuvo en manos de Euskadi, antes de su suspensión cautelar y después la definitiva, hasta 200 extranjeros solicitaron la homologación de sus títulos y, en consecuencia, quedaron en una especie de limbo legal. Se estudia que el Ejecutivo autonómico asuma una encomienda transitoria de gestión para poder dar salida a esos expedientes.

A largo plazo, ambos ejecutivos buscan blindar este tipo de transferencias. Ésta en particular, mediante una posible reforma de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSA) para atribuir expresamente a las comunidades autónomas la competencia de ejecución -no la regulación- de los procesos de homologación. Y, ante eventuales escenarios similares en otros traspasos, se estudia tramitar una ley que regule «de forma clara» que los acuerdos adoptados en la Comisión Mixta de Transferencias corresponden a la jurisdicción del Tribunal Constitucional y no a la del Supremo.