Euskadi acogerá a 88 menores extranjeros tras el pacto de Junts con el Gobierno

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Es la «proyección» que realiza el Ministerio de Juventud e Infancia, si bien fuentes de este departamento aclaran a este periódico que el cálculo definitivo se debe pulir con los datos actualizados que las comunidades autónomas tienen que remitir ahora sobre la situación actual de sus centros. Además, apuntan que los 88 asignados a Euskadi, como el resto, son un número máximo, ya que en el entretanto un buen puñado de esos 4.400 chavales cumplirán 18 años y, en consecuencia, quedarán fuera de la red de protección. Por tanto, a efectos prácticos, acabarán siendo menos.

A falta de esclarecer la proporción definitiva, el Gobierno vasco ya ha dado su plácet al sistema de reparto. En Lakua se felicitan por el hecho de que la fórmula haya «tomado como base» el planteamiento que trabajaron de forma conjunta con el Ejecutivo de Canarias. Hay que recordar que Imanol Pradales y Fernando Clavijo conformaron un frente común para ofrecer una solución que se fundamentara en parámetros como el esfuerzo de acogida, la población, el PIB y la tasa de desempleo, pero no encontraron los apoyos suficientes en la Conferencia de Presidentes de diciembre.

Tres meses después, y aunque no se trata exactamente de la misma fórmula, la solución definitiva al menos sí bebe de ese espíritu, algo que satisface al Gobierno vasco. La portavoz, Maria Ubarretxena, ha calificado como «positivo» el acuerdo, que supone un «primer paso» para dar una respuesta estructural a este desafío. Pradales y Clavijo han conversado por teléfono para congratularse del desbloqueo de la situación y delegaciones de ambos gobiernos se reunirán este miércoles en Vitoria para ahondar en los detalles. La colaboración entre las administraciones vasca y canaria en el terreno migratorio es total.

El Ejecutivo autonómico presidido por Pradales también celebra que, más allá de la reubicación de los 4.400 niños y adolescentes, el real decreto ley contemple igualmente un fondo económico dotado con 100 millones de euros. Será un crédito extraordinario que, según Moncloa, garantizará la suficiencia financiera de las comunidades autónomas para asumir la llegada de los menores. La reclamación de más dinero ha sido una constante por parte de prácticamente todos los territorios, que exigen que el Estado contribuya con fondos suyos para asegurar el servicio.

Aun así, Euskadi estima insuficiente la cuota que le pueda corresponder de esos 100 millones, una cifra aún por determinar. El Gabinete Pradales lamenta que el decreto no recoja específicamente la declaración del País Vasco como «frontera norte» de la misma manera que Canarias es «frontera sur». Este reconocimiento, que había sido reclamado de forma insistente por las instituciones vascas, implicaría una serie de recursos adicionales para poder hacer frente a las necesidades que se dan en un punto de tanto tránsito como es el de la muga con Francia en Irún.

Desde la perspectiva vasca, el PP a nivel autonómico se ha sumado a las críticas vertidas por la dirección nacional del partido. Javier de Andrés ha criticado que el PSOE se someta a las «presiones políticas» de Junts y que eso derive en «desequilibrios que son perjudiciales para el conjunto de España y que pueden serlo también para el País Vasco». El líder de los populares en Euskadi censura el reparto porque, en su opinión, «no hay una ordenación razonable, equilibrada, que dé una solución posible a toda esa gente que está llegando muchas veces de forma irregular».