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El último mandato de la era de Iñigo Urkullu pasará a la historia sin duda por las adversidades en la gestión de la pandemia, pero también por la alta producción de leyes. Hay que remontarse a la legislatura constituyente, de 1980 a 1984, para encontrar ... un periodo tan fecundo como ha sido el que se cierra ahora. En total, han sido 59 las normas que el Parlamento vasco ha ratificado, apenas tres menos que en aquellos tiempos en los que todo estaba por construir. La mayoría absoluta de PNV y PSE-EE ha tenido mucho que ver en ello, aunque la oposición también ha contribuido al apoyar tres de cada cuatro iniciativas.
Urkullu se despide del cargo tras un ciclo de más de once años en el que se han aprobado 121 normas a lo largo de tres mandatos; la mitad de ellas, en este último. Ese desequilibrio se explica porque en sus dos primeros periodos, la oposición era mayoritaria en la Cámara. De 2012 a 2016, el PNV gobernó en solitario con apenas 27 de los 75 escaños; y de 2016 a 2020, lo hizo con el PSE-EE, pero entre ambos sumaban 37, uno menos de la barrera de la absoluta. Esa situación de minoría frustró gran parte de los planes legislativos del Gabinete, que se acabaron quedando en el cajón por falta de apoyos.
El horizonte se despejó cuando, en las autonómicas de 2020, jeltzales y socialistas reunieron 41 asientos en el hemiciclo de Vitoria. El programa de gobierno incluyó entonces una amplia agenda legislativa, rescatada en su mayor parte de los fallidos planes de los anteriores mandatos. En total, el tercer equipo de Urkullu se planteó aprobar 36 leyes, a las que había que sumar los cuatro proyectos presupuestarios para cada uno de los años del periodo. Sin embargo, entre normas incorporadas sobre la marcha y alguna incluso promovida por la oposición, la cifra final ha ascendido a 59, incluyendo decretos legislativos.
Se trata de la segunda mayor producción de normas de la historia, sólo superada por la legislatura constituyente, con Carlos Garaikoetxea al frente. Esto supone remontar los discretos números de la era Urkullu, cuyos mandatos previos (en séptima y decimoprimera posición de un total de doce) estaban en la zona baja de este ranking. El periodo más infructuoso en este apartado fue el de 1998-2001, el primero de Juan José Ibarretxe, que se caracterizó por una gran inestabilidad política desde la firma del Pacto de Estella por parte del nacionalismo hasta la ruptura con EH por el fin de la tregua de ETA.
La alta actividad legislativa de este mandato se ha saldado con la aprobación de normas que eran eternos deberes pendientes como la de Educación. Nunca antes Euskadi había tenido una ley integral en este campo –existía una que se refería sólo a la escuela pública–, aunque finalmente tuvo un índice de apoyo menor al deseado por Urkullu. PNV y PSE-EE se valieron de su mayoría para aprobar en solitario la iniciativa, de la que se descolgaron en la recta final EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU tras haber firmado inicialmente un pacto parlamentario que consideraron incumplido por los socios de gobierno.
Estas dos formaciones de izquierdas, en todo caso, sí han dado su voto afirmativo a otras normas. La coalición morada ha sido el grupo que más sintonía ha demostrado al dar su 'sí' a 33 de las 59 normas. La formación abertzale se ha quedado cerca con 29, incluso impulsó una de ellas, relativa a la deslocalización de empresas, y también se abstuvo en los Presupuestos de 2022. Más abajo, el PP ha secundado 21 de las iniciativas y Vox, 5. En cuatro casos (Dopaje, Disposiciones de Carácter General, Estadística y la de integración de un conservatorio de danza de Vitoria), se ha cerrado el círculo con unanimidad.
Aun así, el último Gabinete Urkullu también deja deberes para el siguiente. Entre los proyectos que se han quedado en el cajón, destaca la Ley de Transparencia. En realidad, el Consejo de Gobierno ya le dio su visto bueno en noviembre y la remitió al Parlamento para iniciar su tramitación, pero los plazos impedían su ratificación por la Cámara antes de su disolución para convocar elecciones. Euskadi se mantendrá así como la única comunidad autónoma española sin legislar en este ámbito.
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