Euskadi capea la tormenta de la 'ley Celaá' prometiendo un impacto nulo en la concertada

La nueva ley educativa, aprobada de manera pírrica por el Congreso el pasado jueves, ha sido diana de las críticas por múltiples razones, pero especialmente en lo que afecta a la red concertada. En resumen, la norma aumenta las restricciones hacia este sistema de enseñanza. Por ejemplo, se prohíbe el pago de cuotas a través de sus fundaciones y se acaba con la cesión de suelos públicos para construir nuevos colegios de este tipo. Además, se prioriza la cercanía al domicilio de residencia, una novedad que, según denuncian varias asociaciones y partidos, «acaba con la libertad de elección».

La interpretación de las formaciones que avalaron el proyecto no es así. Y, en todo caso, los gobiernos autonómicos, con las competencias transferidas, dicen contar con margen de maniobra suficiente para moldearlo casi a la carta. El consejero vasco de Educación, Jokin Bildarratz, dijo ayer que la ley sí da cabida a la libertad de los padres para poder elegir el centro de enseñanza de sus hijos y, en todo caso, se comprometió a trabajar para «seguir posibilitándolo».

Añadió, además, que no habrá «mayor problema para seguir trabajando como hasta ahora» con la red concertada, en la que estudia la mitad de los alumnos vascos, una proporción mucho mayor a la existente en el resto de España. Además, el representante del PNV se congratuló de que el proyecto recoge «un reconocimiento a la plurinacionalidad» por sus referencias a las lenguas cooficiales y también un aumento en la «definición curricular». Euskadi, en concreto, podrá diseñar hasta la mitad del currículum, un avance respecto a la norma vigente que, en todo caso, se quiere estirar en los próximos años.

El objetivo del Gobierno vasco, no en vano, es sacar adelante una ley propia de Educación. Se trata de un deber pendiente que el Gabinete de Urkullu ha ido posponiendo año a año. El nuevo horizonte se sitúa a finales de 2023, prácticamente al término de la actual legislatura. Según Bildarratz, la aprobación por la mínima de la 'ley Celaá' refleja que no es «un tema pacífico», por lo que serán precisos grandes consensos. «Esto tiene que servirnos en Euskadi para trabajar por el pacto, ahondar más en la colaboración si cabe entre los diferentes partidos. Es lo que me propongo y es uno de mis grandes objetivos, el de obtener un buen pacto para poder dar con una ley que sirva para todos los alumnos», se comprometió Bildarratz.

En la red concertada vasca tampoco aprecian grandes riesgos con la aplicación de la nueva legislación nacional. Kristau Eskola, que integra a 130 colegios religiosos, no quiso ayer realizar valoraciones sobre las novedades. Desde Ikastolen Elkartea, por su parte, no consideran que haya puntos «especialmente virulentos» para sus intereses. «No es que veamos un paso atrás», indicó a este periódico su director general, José Luis Sukia. Lo que sí lamentan desde el colectivo de las ikastolas es que se haya «perdido otra oportunidad para tener un currículum propio y dejar atrás un modelo jacobino».