Euskadi, en el bucle de una memoria dolorosa

El contexto tampoco es nuevo. Las fiestas de verano se han convertido en una exposición de fotografías y actos en apoyo a los presos de ETA. Una tendencia que se suele repetir todos los años pero que, según las víctimas de la banda, «este año está yendo a más». «Se están viniendo muy arriba», sostienen. Dos de los principales colectivos, Covite y la Fundación Fernando Buesa, insisten en el mismo mensaje: el apoyo a personas que asesinaron va en la dirección contraria a la necesaria «deslegitimación» del terrorismo. Consuelo Ordóñez lo define gráficamente: «¿Se haría lo mismo con asesinos yihadistas o violadores?».

La pregunta lanzada por la responsable de Covite ofende a sus destinatarios. En realidad, se opta por no responder. El argumento de organizaciones como Etxerat y Sare es que mostrar las fotografías no supone exaltar la trayectoria del etarra, sino simplemente pedir su puesta en libertad o, al menos, que se les progrese de grado o se les faciliten permisos para, como aseguró el martes la plataforma de Joseba Azkarraga, favorecer la «conciliación de la vida familiar y la reconstrucción de los lazos sociales».

La cuestión es hasta qué punto los miembros de ETA han marcado distancias con su pasado. Las progresiones de grado aprobadas por el Gobierno vasco desde que en 2021 asumió la transferencia de Prisiones se basan sobre todo en las cartas personales que escribe cada preso y cuya credibilidad y sinceridad se ha puesto en duda en diferentes ocasiones. Pero más allá de las polémicas, hay un dato real. De las 32 progresiones a las que el Ejecutivo vasco ha dado luz verde en estos casi tres años, solo cuatro han sido tumbadas por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, dependiente de la Audiencia Nacional.

La gran novedad en todo este escenario es que las políticas de Memoria y la gestión de las cárceles vascas, incluida la concesión de los terceros grados, ha pasado a manos del PSE-EE. El Departamento de Justicia, que en la última etapa de Iñigo Urkullu estuvo capitaneado por las jeltzales Beatriz Artolazabal y Nerea Melgosa, ahora está liderado por María Jesús San José. Alfredo Retortillo ha reemplazado en la Viceconsejería de Derechos Humanos a José Antonio Rodríguez Ranz; la magistrada Inés Soria a Jaime Tapia como asesora en materia penitenciaria; y Alberto Alonso a Aintzane Ezenarro en la dirección de Gogora.

La idea de los socialistas es ahondar en ese concepto de «deslegitimación» del terrorismo. La propia San José ya afirmó en julio que el «arrepentimiento» que muestran los etarras en prisión no siempre está del todo claro. Unas palabras que fueron respondidas de inmediato por Tapia al considerar que no se trata de «humillar» a los terroristas y que, en la práctica, ese arrepentimiento ya se está dando.

Oficialmente, en todo caso, la realidad va por otro camino, porque cuando los propios presos han debatido qué pasos dar a la hora de asumir la legalidad penitenciaria se ha evidenciado hasta dónde están dispuestos a llegar: a reconocer el daño causado -algo que en realidad ya hizo el EPPK en 2013- y a mostrar empatía hacia las víctimas.

¿Qué se les pide? Que admitan que ese dolor no fue un accidente, su carácter injusto, que nunca debió producirse y que ayuden a aclarar los crímenes sin resolver. ¿Cuáles son sus líneas rojas? Pues precisamente «la delación y el arrepentimiento».

Un círculo que parece que no se puede romper y que se ha completado esta misma semana cuando Sare ha pedido al equipo de San José que busque «soluciones creativas» para agilizar las salidas de la cárcel. Unas declaraciones que, en una nueva demostración de lo cíclico del debate, han provocado un profundo malestar entre las víctimas que, sobre todo, piden que cese esa sucesión de imágenes de presos de ETA.

Un debate en el que se mezcla lo ético con lo legal. El Tribunal Supremo dictaminó hace ya unos años que, en sí mismo, portar fotos de presos no es enaltecimiento del terrorismo. ¿Pero es ético?

Txema Urkijo, exasesor de víctimas del terrorismo con Juan José Ibarretxe, Patxi López e Iñigo Urkullu, lo tiene claro. «Evidencia la falta de respuesta y reacción de las instituciones y la ausencia de nervio de esta sociedad». En su opinión, «aquí no estamos hablando de derechos, sino de exaltación. Y eso no debe tener cabida». ¿Y por qué la tiene? «Pues porque la sociedad vasca ha querido pasar página sin querer saber nada de lo que pasó. Todo el tema del terrorismo se ha descontado demasiado rápido».

Urkijo sostiene que si hubiese una mayor «presión social y política» esta polémica desaparecería. «Ya sucedió con los 'ongi etorris'», los homenajes que se tributaban a los presos a la salida de las cárceles y que la propia izquierda abertzale instó a sus seguidores a cortar de raíz ante el desgaste político que le ocasionaba. Urkijo es de los que cree que puede haber mecanismos que favorezcan la concesión de permisos o progresiones de grado, pero también que debe quedar claro el «recorrido autocrítico» de quien lo obtenga.

A esto hay que sumar que detrás de todo este escenario se está dando un batalla soterrada por la memoria, o más bien por el relato. La izquierda abertzale comprendió hace tiempo que debía trabajar para intentar consolidar la idea del «conflicto», de que ETA no fue una banda terrorista, sino el resultado de una especie de guerra con dos bandos. El trabajo que se ha desarrollado en este sentido ha sido intenso y tiene como pilar fundamental Egiari Zor, una fundación creada en 2012 para recordar a las «víctimas del Estado». En el foco han puesto al Centro Memorial de Vitoria, a pesar de que en su espacio se recuerda no solo a las víctimas de ETA, sino a las del GAL o del BVE.