Euskadi aprueba las últimas tres leyes de la era Urkullu y acelera el reloj electoral

El visto bueno de la Cámara autonómica a las tres normas se ha producido en un extenso pleno y en un clima de entendimiento impropio de un momento preelectoral como el actual. Todas las iniciativas estaban garantizadas por la mayoría absoluta que suman jeltzales y socialistas, pero tanto EH Bildu como Elkarrekin Podemos-IU las han secundado también al ver incorporadas gran parte de sus enmiendas. Un consenso, por tanto, que representa más del 90% del arco parlamentario y al que se ha sumado el PP con un 'sí' en el caso de la Ley de Cooperación y una abstención en la de Infancia.

La gran protagonista de la sesión ha sido la consejera Nerea Melgosa, ya que las tres normas venían impulsadas por el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales que dirige desde hace un año, cuando tomó el relevo a Beatriz Artolazabal. La responsable, que ha recibido la enhorabuena del lehendakari, ha remarcado el tinte social de las tres leyes y ha agradecido la «disposición» de los grupos de la oposición para ensanchar el apoyo a las mismas. Los portavoces del resto de partidos también han reivindicado los acuerdos alcanzados, aunque igualmente ha habido tímidas referencias al contexto preelectoral.

Con la ratificación de estas tres iniciativas, el tercer y último mandato de Urkullu eleva hasta 59 las leyes aprobadas, la mayoría con el apoyo de algún grupo de la oposición. En puridad, el calendario legislativo planteado en 2020 no se ha cumplido del todo porque aún hay iniciativas en tramitación -la Ley de Transparencia volverá a decaer por tercera legislatura consecutiva- y otras ni siquiera han sido remitidas al Parlamento, como la dirigida a luchar contra la discriminación por orientación sexual. Sí se han completado otras importantes como las de Educación, Salud Pública e Igualdad e incluso se han incorporado otras no previstas en un primer momento.

Estas tres normas, que entrarán en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) en los próximos días, representaban uno de los deberes que Urkullu se había comprometido a cumplir antes de apretar el botón electoral. El otro gran reto es completar los tres traspasos que Pedro Sánchez acordó con el PNV para recibir su apoyo en la investidura. La red de Cercanías, la homologación de títulos extranjeros y la fase de acogida en los procesos de migración deberían llegar como tarde para marzo, aunque los gobiernos vasco y central llevan semanas dando señales de que el pacto definitivo podría llegar antes, incluso este mismo mes de febrero.

Las transferencias, en todo caso, bien podrían oficializarse después de que se convoquen las elecciones. Y es que el tiempo aprieta porque, en caso de que los comicios se celebren finalmente el 21 de abril, el lehendakari debería comunicar la disolución del Parlamento el próximo 26 de febrero, de manera que el día siguiente se publicara en el BOPV. Esto es así porque la legislación electoral exige 54 días de antelación. Técnicamente el Gobierno vasco no estará en funciones hasta después de los comicios, por lo que se podría llevar a cabo mientras tanto una Comisión Mixta de Transferencias para completar los traspasos pendientes.