Euskadi aprueba su nueva ley educativa con el rechazo de toda la oposición

La nueva de ley, que entrará en vigor el curso que viene, mantiene la apuesta por los diferentes modelos lingüísticos, pretende que todos los estudiantes acaben la ESO con un nivel de B2 tanto en euskera como en castellano, busca una «distribución equilibrada» de los alumnos vulnerables y de la «diversidad» y obliga a todos los centros que formen parte del «Servicio Vasco de Educación» a reservar plazas para acogerlos, establece una serie de requisitos para que la escuela concertada pueda acceder a fondos públicos... Pero más allá de su contenido concreto, lo sucedido este jueves en el Parlamento evidencia lo complicado de ensanchar los consensos en Euskadi en temas troncales.

Su recorrido parlamentario empezó con un alto de grado de entendimiento que se materializó en los primeros meses de 2022 con un inédito pacto a cuatro bandas que incluía a PNV, PSE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU. El objetivo era ambicioso: reemplazar a la 'ley Buesa' vigente desde mediados de los noventa y adaptar el sistema educativo vasco al siglo XXI. La meta era compartida por todas las fuerzas –incluidos el PP y Vox que desde el principio se quedaron fuera– y por todos los sectores, pero cómo llegar a ella es lo que ha ido quebrando ese consenso. Una fractura que no solo se ha extendido al plano político. La ley nace con el rechazo, o al menos el recelo, de buena parte de los sindicatos, de la escuela concertada, de los colectivos que apuestan por la pública... Aun así, los dos socios de Gobierno insisten, como lo han hecho este jueves en el pleno, en que es la herramienta adecuada para mejorar el sistema educativo.

La primera en desmarcarse fue la coalición morada, al considerar que el resto de partidos estaban dando demasiado poder a la educación concertada. A partir de ahí, las otras tres formaciones intentaron situar las piezas del puzle, pero había una que no encajaba: los modelos lingüísticos. EH Bildu considera que están superados, pero el PSE-EE exigía mantenerlos. No fue hasta primeros de octubre, justo cuando acababa el plazo de enmiendas, cuando jeltzales y socialistas pactaron un texto conjunto en el que por primera vez se incluía una referencia a los itinerarios A, B y D. Fue a partir de ahí cuando se fueron evaporando las opciones de que entrase EH Bildu.

En el texto legal se constata la existencia de «una necesidad objetiva» de elaborar un nuevo marco normativo «que aborde la situación de la educación en estos momentos y en los tiempos futuros» con el objetivo de construir un sistema educativo con capacidad para establecer «una enseñanza inclusiva y basada en equidad, cohesión social y excelencia».

Uno de los aspectos más polémicos del texto es el referido a los modelos lingüísticos --en euskera, bilingüe y en castellano-- en los que se estructura el sistema actual y que, según una enmienda acordada por el PNV y el PSE, se mantiene en la nueva ley.

En este sentido, el texto señala que el proyecto lingüístico de cada centro se ha de estructurar «dentro de un marco común que integra los derechos reconocidos y los principios establecidos en el Estatuto de Gernika y en la Ley de Normalización del Euskera» y «sobre la base del sistema de modelos lingüísticos vigentes». Se precisa que cada proyecto lingüístico deberá diseñarse «asegurando que cualquier desarrollo o actualización de dichos modelos se realice mediante el desarrollo reglamentario, garantizando aquellos mismos derechos y principios».

A su vez, indica que los centros «deben planificar el aprendizaje de las lenguas, su uso y la actitud positiva hacia ellas del alumnado, teniendo en cuenta el punto de partida y las características sociolingüísticas y socioeconómicas de cada entorno, incluidas las características específicas del alumnado y de sus familias, persiguiendo que el alumnado adquiera el nivel lingüístico y las competencias necesarias requeridas al final de cada etapa educativa».