El caso del etarra Atristain resucita los fantasmas de la 'doctrina Parot'

Fue detenido en 2010. A principios de ese año escapó a Francia y sólo un mes después se entregó en el aeropuerto de Biarritz. Pero enseguida quedó en libertad porque el juez no encontró pruebas. La Guardia Civil volvió a detenerle en septiembre de ese mismo año. Fue condenado en 2013 a 17 años de cárcel por pertenencia a banda armada y tenencia y depósito de armas.

Su defensa llevó el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Argumentaba, entre otras cuestiones, que no había tenido un juicio justo porque no había podido ser defendido desde el primer momento por su abogado sino por uno del turno de oficio al estar en régimen de incomunicación. Estrasburgo le ha dado en parte la razón. No dice que fuese torturado ni que el régimen de incomunicación sea ilegal, sino que la Audiencia Nacional no justificó bien por qué no pudo ser atendido por su propio abogado. El fallo se conoció en enero y ha sido este lunes cuando se ha hecho firme. Atristain quedará en libertad.

La decisión ha vuelto a traer a colación lo que sucedió con la 'doctrina Parot'. Se trataba de un sistema de contabilización de penas instaurado en 2006 por el Tribunal Supremo para retrasar la salida de los presos de ETA. Básicamente, lo que venía a decir es que la reducción de las condenas por beneficios penitenciarios -realizar diferentes trabajos en la cárcel, estudiar...- se tenía que computar sobre la pena total y no sobre el máximo legal. La exmiembro del 'comando Madrid' Inés del Río recurrió y Estrasburgo le dio la razón. El Gobierno de Mariano Rajoy dijo en un primer momento que no tendría un efecto generalizado, pero en apenas dos meses salieron a la calle alrededor de 70 presos de ETA, de los GAL y los Grapo, así como una docena de delincuentes comunes.

Por ahora hay más incógnitas que certezas. La Abogacía del Estado dice que no, fuentes jurídicas comparten esa tesis pero no descartan sorpresas, las víctimas también confían en que no haya una excarcelación masiva aunque no las tienen todas consigo y la izquierda abertzale está convencida de que pasará lo mismo que en 2013. Sortu sostiene que el fallo sobre Atristain afectaba a «la práctica totalidad» de los presos de la banda. Covite y la AVT dicen que «en ningún caso».

Fuentes judiciales creen que una excarcelación masiva de presos y de golpe, como sucedió en 2013, es poco probable. «Entonces Estrasburgo derogó una normativa, era un dato objetivo, ahora ha dicho que no se argumentó bien una decisión procesal». Pero se espera un aluvión de recursos. La sentencia se conoció en enero y desde entonces ya ha servido para declarar inocentes a dos etarras: Gorka Palacios y Juan Carlos Chouzas, 'Gadafi'. Se da la circunstancia que las dos sentencias están firmadas por José Ramón de Prada, el juez que proponía Podemos para el Poder Judicial y que el PP vetó porque fue clave en la sentencia de la 'Gürtel'.

Todos los casos en los que un etarra vaya a ser juzgado a partir de ahora sólo por su declaración mientras estuvo incomunicado corren peligro. Pero la gran pregunta que está en el aire es si tendrá carácter retroactivo. Parece que no, porque para presentar el recurso ante Estrasburgo hay que hacerlo en un determinado plazo, que sí cumplió Atristain, pero que ya habría pasado para los otros reclusos. Pero esa es la teoría. «Lo de los plazos puede ser relativo», afirma un magistrado.

Una excarcelación masiva es difícil, pero no imposible. Arkaitz Rodríguez habló de dar «la batalla política» y, como recalca un juez de instrucción, «tal y como está el clima...». En las próximas semanas o meses habrá que analizar los movimientos de la Fiscalía General del Estado -en manos de Dolores Delgado- y de la Audiencia Nacional. Si el Ministerio Público no rechaza los recursos que vaya presentando la izquierda abertzale, la reedición del escenario de 2013 podría estar más cercana. Todo quedaría, previsiblemente, en manos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y luego en las del Supremo. Ahí ha recurrido la exdirigente de ETA Iratxe Sorzabal. La decisión de los magistrados puede arrojar luz, pero mientras tanto se avecinan meses de incertidumbre.