El Estado acelera en Cataluña

La reacción de la Generalitat y su Presidente ha sido calificar las actuaciones judiciales como suspensión de facto de la autonomía. Sin embargo, es preciso hablar con propiedad: fue el secesionismo quien ahora hace dos semanas suspendió la autonomía política de Cataluña, en una sesión parlamentaria donde aparte de negar los derechos de las formaciones de la oposición, aprobó sendas leyes –referéndum y transitoriedad jurídica- con el objetivo de crear un nuevo Estado. Pese a los autos del Tribunal Constitucional (TC) advirtiendo de la imposibilidad de realizar cualquier acto de órganos públicos o privados que desarrollaran ambas leyes, la Generalitat y distintas entidades han seguido realizando todo tipo de actividades relacionadas con la consulta del 1 de octubre.

El Gobierno de la Nación ha evitado en todo momento enfrentarse a la realidad: hacer un nuevo país, sin acuerdo previo con el Estado predecesor, implica un acto revolucionario donde se rompe de una vez por todas con el ordenamiento jurídico vigente. Pese a ello, se confió en que la actuación de la fiscalía y de los jueces, serviría para apagar el fuego iniciado a primeros de septiembre. No ha sido así. Montoro también ha tomado la decisión de aplicar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ante la posibilidad de que se estuviera desviando dinero público para financiar una actividad ilícita. Sin embargo, dicha decisión contiene medidas de ejecución forzosa que tendrían que haber sido avaladas por el uso del art. 155 CE (la propia Ley lo prevé, por cierto). Sea como fuere, el resultado es la generalización de una serie de actuaciones administrativas y jurisdiccionales que socializan el conflicto y permite a los independentistas presentarse como las víctimas de la acción de un Estado autoritario.

No se engañen: llevamos unos cuantos años sembrando el discurso de que España no es una democracia y la Constitución una norma salida de las entrañas del franquismo. Ahora recogemos la cosecha. Y este detalle no es menor: se observa una sorprendente coordinación entre el movimiento independentista y el discurso mantenido por Podemos y sus adherencias. Pareciera que Pablo Iglesias y su partido tengan un especial interés en deslegitimar cualquier actuación destinada a la recomposición del orden constitucional: no extraña, no lo consideran suyo. Así las cosas, no es difícil observar un movimiento de fondo que busca activar los resortes necesarios para tener dos repúblicas por el precio de una, como han señalado Antonio Elorza o José Ignacio Torreblanca. La posibilidad de trasladar la inestabilidad de Cataluña al resto de España es una tentación grande que intentarán no desaprovechar quienes quieren acabar con el «Régimen del 78» y la institución que en gran medida lo mantiene aún en pie, la Monarquía.

¿Qué ocurrirá de aquí al 1 de octubre? Todo lleva a pensar que se evitará por todos los medios aplicar el art. 155 CE o los estados excepcionales (pero los de verdad, no los que imaginan Podemos y los nacionalistas). ¿Por qué? Probablemente por dos motivos: el primero, porque al rechazar cualquier medida preventiva, el Gobierno se guarda cartuchos para posibles situaciones que agraven aún más el desacato independentista. ¿Qué situaciones? Por ejemplo, una declaración unilateral de independencia el 1 de octubre de madrugada. El riesgo de llegar tarde es evidente. El segundo motivo sin embargo, salta a la vista: Rajoy está solo. Únicamente parece tener el apoyo de su partido y de Ciudadanos. El PSOE ha votado esta semana contra una resolución del Congreso de los Diputados que pretendía avalar parlamentariamente la estrategia del Presidente y su equipo. Sánchez está completamente desaparecido y no parece querer asumir ninguna responsabilidad en el devenir de España y Cataluña. La historia ha llamado a su puerta y ha preferido no contestar.

Un último apunte. Otra vez hay que repetir que la democracia no consiste en un sistema subjetivo en el que los votantes deciden las reglas y el resultado de los procesos de acuerdo a sus intereses espontáneos. El derecho de sufragio no debe confundirse con la libertad de reunión y manifestación. Las campañas electorales no son campañas de apología de nada: están regladas para proteger a los ciudadanos de las manipulaciones partidistas. La supervisión de comicios garantiza resultados fiables. Fuera de este marco solo tenemos la ley de la selva: o a los que confunden la democracia con el lema de una famosa multinacional de muebles y decoración.