España se pone de perfil y elude legislar para afrontar el nuevo zarpazo del covid

Hay más. En Grecia, los mayores de 60 años tendrán que pagar 100 euros al día hasta que accedan a vacunarse (las citas se han multiplicado por diez). Italia, por ejemplo, fue pionera al exigir el pasaporte a todos los trabajadores. Francia dejará de pagar tests a los no vacunados.

Y así, 'ad infinitum', pero no tiren del hilo europeo porque en España, los cambios legislativos para afrontar el nuevo zarpazo de la pandemia ni están ni se les espera. «Ya existen herramientas más que suficientes», insiste una y otra vez Félix Bolaños, el ministro de Presidencia y hombre clave del Ejecutivo en la estrategia jurídica marcada por Sánchez.

El Gobierno, confirman las fuentes consultadas, ni tiene un 'plan B' ni lo impulsará por mucho que la oposición haya redoblado la presión para que Moncloa mueva ficha ante lo impredecible de la pandemia. Y lo hace, recuerdan, porque España es poco menos que un oasis comparado con el resto de socios comunitarios gracias, sobre todo, al elevado porcentaje de vacunados. A día de hoy, claro, porque si alguna lección ha dejado la pandemia es que la línea entre ser el mejor y liderar el furgón de cola es extremadamente fina.

¿Qué hacer? De momento, nada. Y nada es nada. Seguir con lo que hay, esperar a que el Tribunal Supremo 'corrija' a los tribunales superiores rebeldes (como ha pasado en el caso vasco) y cruzar los dedos para que la cosa no vaya a mayores. «La desidia del legislador es tan incomprensible como irresponsable», lamenta Javier Tajadura, profesor de Derecho Constitucional de la UPV.

¿Y qué se podría hacer? Para obligar a la vacunación, coinciden los juristas consultados, habría que aprobar una ley orgánica 'ad hoc' que avalase la medida. Todo debe estar muy tasado y justificado, explican, para evitar la vulneración de derechos fundamentales.

Respecto a la legislación ya en vigor, son dos las opciones que han estado sobre la mesa: la primera, en su día incluso abanderada por la exvicepresidenta Carmen Calvo, es la reforma de la ley de 1986 de Medidas Especiales de Salud Pública. Es la opción que sigue defendiendo el PP pero que Moncloa no ve por «no tener rango constitucional». No hay que olvidar que en abril, en puertas del fin del estado de alarma, el PP negoció con los aliados de Sánchez (PNV, ERC o PDeCAT) una reforma legislativa en este ámbito. No fructificó.

La segunda opción pasaría por modificar la ley 4/1981, que regula el estado de alarma, para acotar la limitación de movimientos de la población. También ha quedado en nada. Y lo ha hecho, además, pese a los varapalos que el Tribunal Constitucional ha asestado al Gobierno sobre su estrategia jurídica para afrontar la pandemia.

Si la cosa vuelve a ponerse muy fea, ya no vale con el estado de alarma, sino que habría que decretar uno de excepción. Es más duro, pero a diferencia de la alarma, el Ejecutivo debería pasar antes por el Congreso para poder activarlo. Un gran problema para el Gobierno de coalición, que sólo cuenta con 155 de los 350 escaños de la Cámara. Además, la última vez que se decretó fue bajo la dictadura, el 25 de abril de 1975, y se circunscribió a Gipuzkoa y Bizkaia tras una oleada de atentados de ETA.