Erne pide apoyo a Marlaska para la Ertzaintza ante la «inacción» del Gobierno vasco

Ante todo esto el Gobierno vasco «hace el avestruz», lamenta Roberto Seijo, secretario general de Erne. Así que el sindicato ha optado por dar un paso inédito: buscar amparo en Madrid. La maniobra tiene una base técnica porque el sindicato sugiere una mayor implicación del Ministerio Fiscal para perseguir conductas agresivas contra los uniformados y hasta una reforma legal para castigar con más severidad estos comportamientos. Pero, sobre todo, conlleva unas implicaciones políticas evidentes: teniendo el Ejecutivo de Vitoria la competencia en Seguridad, los agentes de la Policía vasca se van al Ministerio de Interior en busca de soluciones para sus problemas.

Lo hacen, además, de un modo muy formal. Erne ha enviado su petición al ministro Fernando Grande-Marlaska por medio de un burofax fechado el martes. En el texto, además, le propone una reunión para «intercambiar impresiones y tratar de poner los medios que sean precisos para detener esta escalada de violencia frente a los funcionarios de policía».

La carta arranca mostrando «la inquietud y desasosiego» que sufre tanto la Ertzaintza como «las policías locales de Euskadi» por los ataques que sufren, sobre todo, desde el levantamiento del estado de alarma el 21 de junio. «Se ha normalizado que los policías que acuden a disolver botellones o fiestas ilegales en la calle sean recibidos con lanzamiento de botellas, de piedras, insultos y enfrentamientos cara a cara».

Recuerda Roberto Seijo, que es quien firma la misiva, que semejantes actuaciones «constituyen un clarísimo delito de atentado a agentes de la autoridad». Sin embargo, «son escasísimas las ocasiones en que esos comportamiento son juzgados y condenados». De manera que prende en la sociedad la idea de que «resulta muy barato agredir a un agente de policía» porque los violentos saben que «poco o nada les sucederá».

Así que pide a Marlaska que «active los mecanismos que procedan y ponga en marcha las herramientas necesarias, incluso con la colaboración del Ministerio de Justicia, para que estas actitudes incívicas y delictivas sean castigadas con la contundencia que se merecen». En definitiva, «que se cumpla la ley» e incluso, si es necesario, que «se endurezcan las penas».

En conversación con este periódico, el secretario general de Erne admite que el movimiento de acudir a Madrid puede ser polémico, pero endosa la responsabilidad a la «inacción» del Gobierno vasco. A su juicio, desde las instancias políticas hay mucho miedo a las imágenes de policías empleando la violencia para disolver reuniones ilegales. «Prefieren que quienes reciben los golpes sean los ertzainas», opina. «Ahora las botellas que nos lanzan ya no tienen gasolina dentro, pero siguen siendo botellas».

Se crea ahora un escenario potencialmente tumultuoso. ¿Recibirá el ministro a los representantes de la Ertzaintza en Madrid, como le piden, lo cual con seguridad disgustaría mucho al PNV, a quien tanto necesita el Gobierno de España? Y si no, ¿con qué pretexto esquivará el ministro Marlaska a un cuerpo policial que, además, le es tan próximo?

Hay una última consideración. Las dificultades para intervenir en botellones, y en general para lidiar con las faltas de respeto y las agresiones, son problemas que en mayor o menor medida padecen muchos otros cuerpos policiales en España.

Por eso, Seijo no descarta que para septiembre u octubre las asociaciones y sindicatos de diferentes cuerpos de seguridad estatales, autonómicos y locales unan fuerzas a nivel nacional para impulsar movilizaciones conjuntas.