Desde que el ertzaina Inocencio Alonso murió en Bilbao tras los enfrentamientos entre aficionados ultras del Athletic y del Spartak de Moscú y quedaron al descubierto las condiciones laborales de la Brigada Móvil, la tensión entre la Policía vasca y el Gobierno de Urkullu se ... ha incrementado hasta rebasar los límites de la discrepancia institucional. El Ejecutivo ha cerrado filas en torno a la consejera Estefanía Beltrán de Heredia pero tendrá que encontrar una vía de solución en su reunión de mañana. Solo faltan diez días para que se celebre el próximo partido de fútbol entre el Olympique de Marsella y el Athletic. Para entonces los sindicatos policiales, que acusan la sobrecarga laboral y emocional acumulada durante años, han anunciado una especie de huelga sanitaria consistente en solicitar bajas médicas para no participar en el dispositivo que deberá montarse en Bilbao el día del próximo partido. Una medida de protesta cuyas consecuencias tendrían unos efectos letales para la convivencia ciudadana y para la propia imagen de tranquilidad que los responsables políticos tanto quieren transmitir.

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Cuando el descontento policial cristalizó el pasado jueves en una concentración de los ertzainas frente el Parlamento vasco que derivó en una presión sostenida que algunos llegaron a calificar de ‘escrache’, el Gobierno vasco quizás sintió como nunca la desafección de los agentes policiales. Que la consejera de Seguridad llegara al Parlamento escoltada por el propio lehendakari y todo el Ejecutivo no fue casual. Ni una ‘performance’ al estilo de Pablo Iglesias y los suyos cuando pretenden emular la imagen del cuadro ‘El cuarto Estado’ popularizado por la película ‘Novecento’ de Bertolucci. Nada que ver. Iba a ser interpelada por los sucesos del fatídico 22 de febrero en los que a Inocencio Alonso se le paró el corazón. Su gestión está siendo muy cuestionada. Le faltó mano izquierda y reflejos. Y había que cerrar filas. Esa aparición colectiva, y la foto de Urkullu con ella el mismo sábado paseando por las inmediaciones de Ajuria Enea y colgada por el propio lehendakari en Twitter, da la dimensión del apoyo gubernamental a una consejera incapaz de realizar la mínima autocrítica con los errores cometidos. Que los hubo. Pero en su respuesta parlamentaria a la popular Nerea Llanos dijo que el operativo policial del partido entre el Athletic y el Spartak vino a rozar la perfección. Que las centrales sindicales son desestabilizadoras. Y que la concentración de los ertzainas que la increparon tendría consecuencias. Segundo patinazo en el mismo día: recurrir a la Ley de Seguridad Ciudadana para castigar a los que protestaban. La misma ley que el PNV quiere derogar, junto al PSOE, desde hace más de un año en el Congreso de los Diputados. Viva la coherencia.

Pero es lo que ocurre con las presiones . Que provocan actitudes de difícil explicación. La consejera pertenece a un Gobierno que no ve delito en los homenajes a los etarras que van saliendo de la cárcel pero que no duda en querer aplicar en Euskadi la norma de la que reniega en el Congreso de los Diputados cuando la libertad de expresión de los ertzainas le estalla a un metro de distancia.

Desde que se creó la Policía autónoma en 1983, cuando el PNV la modeló como un apéndice del partido, el concepto de un Cuerpo policial casi civil y de proximidad vecinal ha ido chocando reiteradamente contra la realidad. Cuando la consejera asumió el mando en 2012, condicionada por el ‘síndrome Cabacas’ de la legislatura anterior (el aficionado del Athletic que falleció cuatro días después de haber recibido un pelotazo) quiso presentar una policía de guardería. Entre ‘bobbys’ ingleses y policía canadiense. Y se estrenó con el partido amistoso Euskadi-Bolivia que arrojó un saldo de 14 agentes heridos, después de que unos aficionados lograran introducir todo tipo de bengalas y utensilios prohibidos y los ertzainas no llevaban puesto el casco antidisturbios, ni escudos, por orden superior. Tampoco resolvió mejor la situación cuando los antisistema arrasaron el centro de Bilbao aprovechando la celebración del Foro Económico en la ciudad. El Ejecutivo de Urkullu tiene un problema con la Ertzaintza: la mayoría sindical de los agentes no se ve representada por este Gobierno mientras no se acaba de decidir por un modelo policial de futuro. Si en el pulso que le plantea la Policía autónoma quiere dar un golpe en la mesa aplicando la ‘ley mordaza’ se quedará solo. Y si no la aplica, dará una imagen de debilidad.

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