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óscar b. de otálora
Sábado, 3 de marzo 2018, 00:53
Los mandos de la Ertzaintza encargaron en 1985 investigar el asesinato contra el superintendente de la Policía vasca, Carlos Díaz Arcocha, a dos agentes que en ese momento eran topos no detectados de ETA en el seno del Cuerpo, según documentos a los que ha ... tenido acceso EL CORREO. El principal encargado de las pesquisas fue Josu Guergue, un sargento que cuatro años después del atentado fue detenido como colaborador de la banda y que incluso había facilitado información interna del entonces Departamento de Interior a la cúpula terrorista. El de Díaz Arcocha es uno de los 300 asesinatos de la organización terrorista que continúan sin resolverse.
El crimen del primer jefe de la recién nacida Ertzaintza tuvo lugar el 7 de marzo de 1985 en la gasolinera de la localidad alavesa de Elorriaga, situada en las inmediaciones de la Academia de Arkaute. Díaz Arcocha acudía a desayunar de forma habitual al establecimiento. Tras tomarse un café regresó a su coche y al ponerlo en marcha estalló una bomba que acabó con su vida. Fue el primer asesinato de ETA contra la Policía vasca y supuso una convulsión política. La víctima era un militar bilbaíno que en el momento de su muerte tenía 49 años. Había estado destinado en La Legión, cuerpo con el que participó en algunos momentos históricos de la descolonización del Sáhara, y posteriormente fue uno de los mandos del Regimiento Sicilia, en San Sebastián.
El entonces lehendakari Carlos Garaikoetxea le llamó en 1981 para hacerse cargo del nacimiento de la Ertzaintza ya que, según una disposición transitoria del Estatuto de Gernika, sus mandos debían proceder del Ejército o las fuerzas de seguridad. En esas fechas, el consejero de Interior era el histórico dirigente del PNV ya fallecido Luis María Retolaza. El ambiente político era de desconfianza entre las autoridades de Madrid y Vitoria con respecto al desarrollo de la Policía vasca, considerada en ese momento uno de los emblemas del autogobierno.
Dentro de la Ertzaintza, la investigación del asesinato de Díaz Arcocha fue encargada a Josu Guergue, uno de los primeros sargentos mayores del Cuerpo autonómico y que había trabajado mano con mano con el propio superintendente. Miembro de la primera promoción de la Ertzaintza -cuyo proceso de selección fue ‘supervisado’ por el PNV-, fue uno de los fundadores del sindicato Erne y llegó a ser el ‘número dos’ de la comisaría de Getxo. Dos meses antes del asesinato de su superior había protagonizado un tenso enfrentamiento con el departamento, al acusar de incompetencia a los responsables de Arkaute. Por sus declaraciones en rueda de prensa llegó a ser expulsado de la Policía, aunque una sentencia obligó a readmitirle.
Lo que no se sabía en ese momento es que Guergue ya era un activo colaborador de ETA. Él y otros tres ertzainas habían facilitado información al ‘comando Araba’, uno de los más sangrientos en los años 80. La clave de la creación de este grupo de colaboradores de ETA en la Ertzaintza fue el agente José Miguel Sueskun, un agente destinado en la unidad de Tráfico -la primera que se desplegó en Euskadi- y que en 1984 ya era colaborador de los terroristas.
Los etarras le pidieron que buscase más cómplices y fue cuando captó a Josu Guergue y a otros dos policías vascos: Federico Fernández de Jáuregui y Santos Berganza. Uno de los primeros encargos que recibieron fue ocultar en Vitoria a María Soledad Iparaguirre, ‘Anboto’, y a José Javier Arizkuren, quienes con el tiempo llegarían a la dirección etarra. Santos Berganza fue acusado, por ejemplo, de informar a ETA de los movimientos de un inspector de la Policía y de miembros del Ejército.
Tras el asesinato de Díaz Arcocha, la Ertzaintza encargó las pesquisas del crimen a Guergue y a Fernández de Jáuregui. Este último ayudó al ‘comando Araba’ a ocultar un paquete bomba que fue empleado para atentar contra una patrulla de la Policía Nacional. En esa ocasión, la bomba pudo ser desactivada. Que estos dos colaboradores fueran los policías que debían investigar uno de los atentados cometidos por los etarras con los que colaboraban figura en una sentencia que no guarda ninguna relación con el caso pero que ha sido descubierta por EL CORREO en los archivos judiciales.
En 1986, un año después del crimen, Guergue fue sancionado por el Departamento de Interior ya que no pudo justificar unos gastos de 62.035 pesetas (372 euros) que correspondían, entre otros gastos, a 1.495 kilómetros realizados en vehículos propios. Guergue demostró ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que se trataba de viajes encomendados dentro de la investigación por el asesinato de Díaz Arcocha. Según sus datos, realizó ese recorrido en siete días de pesquisas. Los jueces aceptaron su versión y retiraron la sanción.
El trabajo policial de Guergue y de Fernández de Jáuregui no condujo a ninguna parte. El caso se archivó en los juzgados hasta que en 1989 la Guardia Civil encontró pruebas de la colaboración de cuatro ertzainas con ETA. Uno de los agentes, Santos Berganza -que en ese momento había sido destinado a la unidad de Miñones de Álava- fue detenido por el instituto armado mientras que el resto de los agentes fue capturado por ertzainas, a partir de la información que les facilitó la Guardia Civil. En un primer momento se vinculó a Sueskun y Guergue con el asesinato de Arcocha y algunas informaciones señalaron que se encontraban en la gasolinera cuando se produjo el asesinato. Sin embargo, este extremo no pudo ser demostrado y fueron absueltos.
José Miguel Sueskun, Josu Guergue y Federico Fernández de Jáuregui iniciaron un proceso de alejamiento de ETA tras su arresto. Sueskun llegó a aparecer en público para rechazar la violencia. Contó con el apoyo de Eusko Alkartasuna, ahora integrada en EH Bildu, e incluso de los jefes de la unidad antiterrorista de la Ertzaintza, que enviaron un documento a la Audiencia Nacional para avalar su reinserción. Guergue y Sueskun llegaron a asegurar que, tras el asesinato de Carlos Díaz Arcocha, discutieron con los miembros del ‘comando Araba’. A lo largo de los años 90, tras haber sido condenado cada uno de ellos a siete años de prisión, salieron de la cárcel.
El caso del tercer infiltrado, Santos Berganza, fue distinto. Este ertzaina colaboró activamente con la banda terrorista e incluso ayudó al ‘comando Araba’ en sus desplazamientos para preparar atentados. Fue condenado a 60 años de prisión y se le aplicó la ‘doctrina Parot’ para evitar que saliera de la cárcel en 2011. La derogación de esta medida legal hizo que recobrara la libertad en 2013. En todo momento permaneció en el ‘núcleo duro’ de los presos etarras.
En 2005, cuando estaba en prisión, se le realizó un homenaje público en el Ayuntamiento de Amurrio, por el que fueron procesados el alcalde de la localidad alavesa, Andoni Isasi, y dos jóvenes, como autores de un eventual delito de enaltecimiento del terrorismo. El primer edil resultó absuelto y los dos jóvenes fueron condenados a un año de cárcel.
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