El juicio por el 'caso De Miguel' se encuentra ahora en el bloque dedicado al supuesto delito de asociación ilícita que se les imputa -en diferentes grados- a las 26 personas que se sientan en el banquillo de los acusados, entre los que destacan ... antiguos cargos y militantes del PNV. Para la Fiscalía, éste sería el hilo que une los once bloques anteriores del proceso, correspondientes a otras tantas operaciones, que se han tratado en el Palacio de Justicia de Vitoria desde principios de año.
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Los agentes de la Ertzaintza que se dedicaron a investigar los movimientos económicos de las sociedades salpicadas por esta trama que supuestamente se dedicaba a cobrar comisiones irregulares a empresas por la adjudicación de contratos 'a dedo' sitúan en la cúspide de este entramado al exburukide. «Claramente, el que estaba por encima de todo era Alfredo (de Miguel)», indicaron los policías que prestaron ayer declaración ante el tribunal. El ex diputado foral de Administración Local hasta su detención en marzo de 2010 se enfrenta a una petición de cárcel de 54 años.
Pese a no constar como responsable de la mayoría de las empresas salpicadas en este caso, los agentes aseguraron durante la sesión que su capacidad de mando era perceptible en correos electrónicos enviados por Aintzane de Miguel -su hermana- en los que se le pedía al dirigente nacionalista confirmación y asesoramiento sobre el rumbo que debían tomar en diferentes proyectos urbanísticos. En el apartado económico, las preguntas se dirigían hacia Koldo Ochandiano, antiguo miembro del Araba buru batzar (ABB), amigo personal de 'Txitxo' (como todos conocen al antiguo diputado foral) y para quien se solicitan 32 años de prisión.
Los investigadores también evidenciaron que muchas de las empresas que han aparecido durante el juicio, como Kataia Consulting y Errexal se constituyeron 'ad hoc' para recibir ciertas cantidades de dinero o adjudicaciones. En el caso de la primera sociedad, apenas 24 horas después de haberse constituido -a finales de 2005- recibió un ingreso de 130.000 euros de las cuentas de Josu Arruti, que en aquellos momentos ejercía como buscador de inversores para el 'macropelotazo' que se pretendía ejecutar en la localidad alavesa de Zambrana y que sólo se vio frustrada por la llegada de Patxi López a Ajuria Enea.
«Errexal tenía sus trabajos por un lado (relacionados con las áreas de Juventud y Cultura) y cubría los gastos de Kataia cuando entraba en número rojos», alegó uno de los agentes, que acudía por octava vez a testificar por el asunto.
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De Miguel siguió ayer toda la sesión junto a su amigo Aitor Tellería (para quien se piden 32 años de cárcel), el exconcejal de Leioa Iñaki San Juan (19) y el constructor Prudencio Hierro (7). En la sesión también intervinieron el abogado del principal encausado y la letrada de San Juan. Ambos apostaron por dudar de algunas afirmaciones de los ertzainas y otra vez más pusieron en cuestión la cadena de custodia de las pruebas, un asunto que ya salió a colación durante el prólogo del juicio pero sobre el que el tribunal presidido por Jaime Tapia ha postergado cualquier decisión hasta el fallo definitivo.
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