ERC incluye los delitos de terrorismo y corrupción del 'procés' en la amnistía pactada con Sánchez

Con el resto de las carpetas negociadoras pendientes de solventar con Junts y con ERC -la mejora de la financiación catalana y el traspaso de Cercanías-, el registro de la ley de amnistía como proposición de ley firmada por todos los partidos que arroparían la investidura se proyecta como el inminente paso del Rubicón que protagonizará Sánchez.

A la espera de sellar el documento definitivo que rubricarían PSOE, Sumar, Junts, ERC, EH Bildu, PNV y BNG, el borrado de los hechos delictivos atribuidos a los dirigentes del 'procés' y a varios cientos de encausados más emerge como una norma no solo sin parangón en democracia. Asoma como una decisión de hondo calado jurídico y político de fuerte división, pese a que Sánchez y los suyos, más allá de admitir «la necesidad virtud» a la que obligaría el resultado del 23-J. Por ello se afanan en presentarla como una pieza clave para sellar «el reencuentro» con Cataluña.

La pretensión ideal de los socialistas pasaba este Día de Todos los Santos por rematar el pacto con Junts -en principio sobre la amnistía antes del eventual encaje de las exigencias del mediador y el reconocimiento del hecho nacional catalán- y registrar hoy mismo, con la firma de todos los grupos que la apoyan, la proposición de ley que empezará el camino en las Cortes, hasta su aprobación, para dejar sin efecto las condenas por la intentona separatista de 2017 escenificada en el referéndum ilegal del 1-O y las causas -con las de los prófugos como columna vertebral- ya abiertas.

Ese borrado, cuya justificación y alcance en el preámbulo de la norma es vital -«No es lo mismo perdonar que pedir perdón», ha resumido el expresidente González, opuesto radicalmente a que el Estado se disculpe por «cumplir la ley» ante el 'procés'-, incluirá también las consecuencias administrativas y económicas que afectan a Artur Mas y otros dirigentes soberanistas por la consulta del 9-N de 2014 y un capítulo singularmente delicado: los sabotajes de los CDR y la respuesta de Tsunami Democràtic para denunciar la sentencia del Supremo contra el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el resto de dirigentes secesionistas que purgaron prisión antes de ser indultados por Sánchez. Esas causas están siendo investigadas por presunto terrorismo en la Audiencia Nacional. Y el sumario de Tsunamic concierne, además de a otros protagonistas relevantes para el soberanismo, a la secretaria general de Esquerra Marta Rovira, todavía huida en Ginebra pese a la derogación de la sedición.

ERC había hecho bandera de la exculpación de los procesados de los CDR y Tsunami. Pero lo cierto es que «la amnistía total» para todos los encausados de una forma u otra por el proceso separatista entre 2013 y la actualidad constituía una de las exigencias que desgranó Puigdemont en su conferencia del 5 de septiembre en Bruselas. Hasta la fecha, solo Sumar ha detallado en su propuesta a qué colectivos beneficiaría el perdón. E incorporaba a los CDR y Tsunami al interpretar que sus delitos pueden ser desórdenes, pero no terrorismo.