ERC y Bildu piden desmontar la reforma del 'sí es sí' del PSOE

En síntesis, independentistas vascos y republicanos catalanes apuestan por conservar en buena parte la redacción original de la ley de Igualdad y de los tipos penales que ésta propugna para «mantener» el consentimiento en el centro de la norma, lo que forzaría al PSOE a ponerse en manos del PP para poder sacar adelante su texto de reforma.

ERC y Bildu en su proposición rechazan de plano la idea socialista que vuelve a considerar como aspectos claves la violencia y la intimidación para que la existencia de estas circunstancias determine una mayor condena. El texto de estos dos socios apuesta, sin embargo, por colocar la violencia como agravante, pero, eso sí, exige mejorar y ampliar la definición de consentimiento para que quede más clara, supliendo así -entienden- las deficiencias de la ley del Ministerio de Igualdad.

El articulado presentado por catalanes y vascos, en sintonía con las tesis del Ministerio de Igualdad, defiende mantener una pena de cárcel de 2 a 8 años por agresión sexual y de 7 a 15 por violación «cuando para la comisión de la agresión sexual se hubiera empleado violencia o intimidación, o la misma vaya acompañada de actos que revistan carácter particularmente degradante o vejatorio», según consta el texto dado a conocer este Jueves Santo.

La propuesta que registró el Partido Socialista en febrero -y que en principio tiene el apoyo del PP- mantiene las horquillas de penas (más bajas que antes del 'solo sí es sí') en el tipo general. Pero en cada artículo añade una gradación más alta para los casos en los que exista intimidación, violencia o anulación de la voluntad. Al Ministerio de Igualdad el hecho de introducir la violencia o la intimidación como factor de diferenciación suponía de facto volver al Código Penal y volver a negar el consentimiento.

Ahora, el texto de ERC y Bildu, que aspira servir de puente entre Unidas Podemos y el PSOE, sitúa a la violencia como agravante, pero al mismo tiempo modifica la definición de consentimiento para precisar que «no se deducirá que hay consentimiento por la ausencia de resistencia física o el silencio de la víctima, ni por su conducta sexual previa». Ese añadido, que Igualdad podría ver con buenos ojos, no figura en el polémico texto normativo en vigor desde hace seis meses ni en la propuesta de reforma hecha por los socialistas. En el PSOE, a priori, no obstante creen que no resolvería la actual crisis ni la excarcelación masiva de agresores sexuales, aunque apuntan a que debe estudiarse a fondo la propuesta.

En su escrito, Bildu y ERC critican sin ambages la reforma del PSOE que, sostienen, «desplaza el consentimiento como el elemento definidor entre una relación sexual consentida y una agresión sexual», lo que, a juicio de las formaciones independentistas, supone en realidad «negar que la violación ya es per sé una forma de violencia».

Según los grupos proponentes, la gravedad de la agresión y la violencia sí que se pueda medir, pero permaneciendo como un agravante, definido en el artículo 180.1 de la ley. Apuestan por tanto «mantener el redactado del texto actualmente vigente» y añadir la violencia y la intimidación al resto de agravantes que ya reconoce la norma (sumisión química, manadas, violaciones cometidas por parejas o uso de armas, entre otras).