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La sección primera de la Audiencia de Bizkaia ha lanzado duras críticas a la actuación de la Ertzaintza. No solo por el «descontrol» y la «descoordinación» que precedieron a los momentos previos a la carga policial. Sus reproches tampoco se limitan a la decisión de lanzar pelotas de goma en respuesta a unos «esporádicos» lanzamientos de objetos en un callejón que, como consecuencia de ello, se convirtió en un lugar de «atrapamiento». Los jueces se detienen también en la «deficiente investigación» que realizó la Policía vasca «desde que tuvo noticia de que un ciudadano había sido alcanzado por una pelota de goma». Estas graves carencias -insiste el tribunal presidido por Reyes Goenaga- han condicionado el desarrollo de la investigación judicial, dan una idea de las dificultades que sufrió la jueza instructora del caso, Ana Torres, y han impedido que se conozcan «elementos esenciales para integrar adecuadamente el relato fáctico».
La Audiencia de Bizkaia señala varios episodios concretos que ocurrieron aquella noche, en la que el Departamento de Interior estaba dirigido por Rodolfo Ares (PSE) y la comisaría de Bilbao estaba encabezada por el actual jefe de la Ertzaintza, Jorge Aldekoa. Por ejemplo, «echan en falta» que no se realizasen unas actuaciones de comprobación «mínimas», como es la «recogida de todas las armas que fueron utilizadas en el lugar».
Algo que no era «difícil» pues cada furgoneta tenía asignadas una serie de escopetas. En lugar de esto, lamentan los magistrados, se recogieron todas sin establecer quién las había usado y se «limpiaron de inmediato». Si no se hubiese actuado de esa manera, se habría podido «traer a juicio a todos los eventuales autores de los disparos» con un «mínimo grado de certeza» o se hubiera podido conocer «quién fue el autor del disparo que causó el resultado fatal».
La sentencia también llama la atención sobre el hecho de que la Ertzaintza no procediese a la «protección de la zona» en la que se produjo el pelotazo «de inmediato». Lo importante -y lo que no se hizo- era «preservar» el lugar de los hechos para poder realizar «comprobaciones periciales más exactas» de las que se realizaron «muchos meses después» del fallecimiento de Iñigo.
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