La división aflora en el independentismo tras la sentencia del 'procés'

En el fondo, subyace la pugna que libran las dos principales fuerzas independentistas por la hegemonía del movimiento y que podría prolongarse hasta la primavera, que es cuando fuentes de ERC consultadas consideran que podrían celebrarse las elecciones catalanas. Pero lo que provocó ayer la enésima guerra interna fue la respuesta institucional al fallo judicial. Torra vendió semanas atrás a bombo y platillo una reacción oficial a la sentencia que debía estar basada en el derecho de autodeterminación y en la desobediencia institucional. Llegó a amenazar incluso con un nuevo 1-O.

El president comparecerá mañana a petición propia en el Parlament, donde se celebrará un pleno extraordinario para abordar la actualidad política y judicial tras la sentencia. El dirigente nacionalista quería acudir al pleno con una declaración potente bajo el brazo para que fuera sometida a la votación de los grupos parlamentarios. Sin embargo, las diferencias entre los dos socios del Gobierno le han obligado a desistir. La consejera de la Presidencia, Meritxell Budó, confirmó ayer que no habrá ninguna propuesta de resolución impulsada por el presidente de la Generalitat. El Govern, eso sí, emplazó a los grupos políticos a pactar un texto que pueda ser votado. Al cierre de esta edición, no había nada cerrado, ni definitivo. Y, de hecho, la reunión de la mesa del Parlament acordó un formato de debate en el pleno que no contemplaba la votación final. Los últimos avisos del Tribunal Constitucional al presidente de la Cámara, Roger Torrent, han hecho mella y nadie quiere correr riesgos innecesarios con una declaración de alto voltaje. En el ánimo de los grupos secesionistas está preservar las instituciones del autogobierno frente a las advertencias de un nuevo 155. Se trabaja para que el jueves el Parlament pueda votar un «mandato efectivo», dijo Budó. Tampoco se descartaba que las formaciones no llegaran a tiempo y se dieran de plazo hasta el pleno ordinario de la semana que viene.

A día de hoy, por tanto, la respuesta institucional contundente que anunciaba Torra no pasará de un mero discurso retórico del presidente de la Generalitat. Se espera que el dirigente nacionalista, como hizo ayer, insista en la reclamación del derecho de autodeterminación. Junto a la tumba de Lluís Companys, advirtió directamente al Tribunal Supremo de que si el objetivo de la sentencia era intentar que lo que ocurrió en octubre de 2017 no se repita, ha fracasado. «Lo volveremos a hacer», avisó. Asimismo, pondrá en el centro de la reivindicación soberanista la petición de una ley de amnistía para los secesionistas condenados por el Tribunal Supremo.

Las peleas entre los independentistas surgieron también ayer por la pugna electoral del 10-N, ambos tratan de capitalizar el impacto de las condenas en el electorado, y por las críticas lanzadas desde ERC hacia Miquel Buch, consejero de Interior, por las cargas de los Mossos en las movilizaciones. Puigdemont ya ha pedido además ser restituido como diputado en la Cámara catalana y en ERC temen que JxCat vuelva a tener la tentación de investirle como presidente de la Generalitat.

Torra buscó ayer la carga simbólica con un paralelismo histórico: por la mañana, acudió a la ofrenda floral en el cementerio de Montjuïc que todos los años se le tributa al expresidente Companys, fusilado por el franquismo, y por la tarde visitó a los presos en las prisiones. Retórica republicana, pero acatamiento de la ley. Llegó a insinuarlo hace meses y más tarde no lo descartó, pero ayer dejó claro que no piensa abrir las prisiones, una medida que supondría aplicar la desobediencia institucional que preconizaba semanas atrás. «Hay una legalidad española que lo impide», zanjó.