El debate de política general que se celebra estos días en el Parlament, como era de esperar, está condicionado por los dos hechos más relevantes que se han dado este mes, como son la constitución de la mesa del diálogo entre el Gobierno de España ... y el Govern de Cataluña, y la detención y posterior puesta en libertad del expresident Puigdemont. Ambas tienen una incidencia directa en las relaciones de rivalidad entre ERC y Junts, y, por consiguiente, en la propia estabilidad del Govern. En este sentido conviene recordar que la situación política de Cataluña desde hace un tiempo se caracteriza más por el control mutuo que se establecen los dos socios que por la dinámica derivada de la confrontación gobierno-oposición.
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En esta disputa por la hegemonía en el independentismo, en las últimas elecciones los votantes colocaron a ERC por delante de Junts, aunque con una diferencia muy escasa. Pero sirvió para que se diera una sustitución en el liderazgo institucional en la Generalitat en favor de los republicanos con desplazamiento de Junts y, por consiguiente, de Puigdemont. Esta situación coloca a Junts ante un panorama complicado, pues, por una parte, no puede contribuir, sin más, a consolidar el Ejecutivo pero, por otra parte, tampoco puede mostrarse como el primer interesado en provocar su caída.
Dos son a día de hoy las cuestiones que podrían servir a Junts para profundizar en su línea de desgaste de Pere Aragonès y de ERC. Por una parte están las que denominan como «medidas judiciales de carácter represivo» que a entender de los neoconvergentes son promovidas desde el aparato judicial del Estado con la connivencia del Gobierno de Sánchez. La detención de Puigdemont, por cómo se ha dado, encajaría en ese modo de ver las cosas, y serviría para sus propósitos de desgaste de los republicanos tanto si la 'operación Llarena' finaliza con la extradición del expresident como con un nuevo tropiezo del Supremo en Europa. Por otra parte, tenemos la gran línea divisoria que enfrenta a republicanos y neoconvergentes, que tiene que ver con la estrategia a desarrollar con el Gobierno de España de cara a encauzar el conflicto catalán. Los republicanos, visto lo que dio el 'procés', apuestan por el diálogo como pieza esencial para desbloquear la cuestión territorial. Los de Junts, lastrados por la situación procesal de Puigdemont, no pueden legitimar ese diálogo, además, porque tampoco lo lideran, y en consecuencia se dedican a desacreditarlo, proponiendo como alternativa la de la confrontación con el Estado y la puesta en marcha del mandato del 1-O.
Mientras tanto, a través de los estudios demoscópicos conocemos lo que podría ser actualmente la opinión de los catalanes sobre estas grandes cuestiones. Más del 80% de los consultados rechazan la unilateralidad como vía para resolver el conflicto entre Cataluña y el Estado. Es decir, esa inmensa mayoría apuesta por el diálogo, aunque reconoce que la solución es muy complicada. De ahí que, pese a su apuesta por la vía del pacto, la sociedad catalana se muestre escéptica y dividida respecto a la validez de la mesa de diálogo recientemente constituida. Y sin embargo, hoy por hoy, no hay otra alternativa mejor.
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