Después de años de marear la perdiz, y de dieciocho meses dedicados a escuchar a especialistas varios y luego a la negociación política entre los partidos, la posibilidad de que Euskadi se dote de un Estatuto que sustituya al de Gernika queda en los ocho ... próximos meses en manos de cinco expertos.
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Lo que reciben los juristas de la ponencia de autogobierno, el grupo de trabajo constituido al efecto en el Parlamento vasco en enero de 2017, son unas bases de corte netamente soberanista pactadas por PNV y EH Bildu. Algunas sin encaje legal posible hoy.
Conscientes de ello, Andoni Ortuzar y, sobre todo, el lehendakari Urkullu se han mostrado en los últimos días partidarios de retocarlas a la baja con un doble objetivo. Captar el apoyo de Elkarrekin Podemos y/o del PSE. Y de esta forma evitar un posterior 'portazo' del Congreso como el que recibió en su día el 'plan Ibarretxe'.
El giro, es evidente, ha suscitado controversia interna en el PNV. Eso sí, sólo el diputado general de Gipuzkoa, el egibarista Markel Olano, se ha atrevido a exigir a su partido en público que no 'cepille' esas bases políticas pactadas por los suyos con la izquierda abertzale.
Ayer era el día señalado para clarificar en el Parlamento de Vitoria lo que podrán hacer los expertos y lo que no. Pues bien, lo decidido por los grupos, aclarar, lo que se dice aclarar, aclara bastante poco hacia dónde se encamina el debate estatutario.
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Y es que, por exigencia de EH Bildu, el PNV y la izquierda abertzale ratificaron en primer lugar las bases pactadas. Además encomendaron a los especialistas que redacten un texto articulado congruente y conforme con ellas. Eso sí, también instan a los 'sabios' a que busquen puntos de conexión con los votos particulares de los grupos no nacionalistas.
¿Que cómo se hace eso? Pues vaya usted a saber. Habrá que ver lo que plantea el comisionado del PNV, Mikel Legarda. Un jurista de prestigio, sí, pero en este momento 'número dos' del PNV en el Congreso y hombre de la máxima confianza política del núcleo duro jeltzale.
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Y es que, por ejemplo, o se incluye el derecho a decidir que figura en esas bases que hay que respetar en el borrador de Estatuto o se vulnera el mandato acordado ayer y no se incluye. Y así con cada uno de los grandes asuntos de discrepancia entre abertzales y no nacionalistas.
Por si lo anterior no fuera suficientemente contradictorio, los grupos declinaron la posibilidad de que los cinco expertos, cada uno de ellos designado por un grupo parlamentario, tenga voto ponderado, como reclamó la izquierda abertzale. Es decir que cuando se vote algo la posición de cada jurista cuente según los escaños de la formación que le ha elegido.
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Ello podría propiciar que los expertos de Podemos, PSE y PP impusieran su opinión al resto y se cargaran las bases de un plumazo las bases. Dudo que tal cosa llegue a suceder, pero aunque así fuera carecería de recorrido.
Es obvio que la dirección del PNV sería feliz si los expertos le hicieran el trabajo y le podaran las bases pactadas con EH Bildu porque así se evitaría el correspondiente desgaste político. Tal cosa no podrá ocurrir si se respeta el mandato que dion ayer la ponencia a los juristas. No lo duden, lío en el horizonte.
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