ELA-Ertzaintza critica la actuación policial en los conflictos laborales

Ya son varios los episodios que han levantado polvareda. Sin ir más lejos, el último se produjo este martes, cuando una protesta frente a la refinería de Petronor en Muskiz acabó en disturbios entre los manifestantes y los agentes. Un trabajador de 41 años fue detenido y se imputó a otros cuatro por su presunta participación en unos incidentes en los que cinco ertzainas resultaron heridos. Las cargas policiales también se han producido en otras concentraciones en empresas industriales en crisis e incluso cuando éstas han llegado a las puertas del Parlamento vasco.

Estos sucesos vienen alimentando de manera recurrente el debate sobre el modelo policial, impulsado por la izquierda abertzale. Representantes de EH Bildu como Arnaldo Otegi y Maddalen Iriarte han denunciado que éste se basa en «pegar a la gente», mientras que las juventudes de Sortu han desplegado una campaña con carteles y pintadas con calificativos contra los agentes como «perros» y «psicópatas». La Fiscalía ya ha abierto una investigación contra Ernai por unos hechos que el Departamento de Seguridad encuadra en un delito de odio.

Para ELA, la mayoría de los ertzainas actúa con «profesionalidad» en su servicio, pero advierte de que el respaldo social al cuerpo policial se mide sobre todo «por la forma en la que responde ante situaciones críticas». Y es ahí donde la central nacionalista -la cuarta en representación dentro de la Ertzaintza- detecta el problema. Su reivindicación, alegan, parte de la «preocupación» por la manera en la que Seguridad está «enfocando la labor policial en conflictos laborales, manifestaciones, concentraciones y huelgas». Esto es, creen que los mandos no ven más que «un problema de orden público» en vez de «un ejercicio de derechos fundamentales que deben ser protegidos».

En todas estas actuaciones, el sindicato aprecia vulneraciones de normas y principios deontológicos «como la no discriminación, la proporcionalidad en el uso de la fuerza, y el respeto y la salvaguarda del ejercicio de derechos fundamentales». Actuaciones que, en opinión de ELA, se originan en una alineación «sistemática» del Gobierno de Iñigo Urkullu con «los intereses empresariales» en lugar de con personas «en una situación precaria y de enorme vulnerabilidad» al encontrarse inmersos en conflictos laborales como expedientes de regulación de empleo.

El sindicato también muestra su rechazo a las «campañas de descalificación» que han recibido los agentes en los últimos meses, si bien cree que «la crítica o la supuesta defensa» de la Policía autonómica tan sólo se realiza «con el interés de descalificar al contrincante político o sindical». Un enfrentamiento que, denuncian, «dificulta enormemente» la labor de los efectivos en las calles, «como hemos comprobado en recientes ataques contra la Ertzaintza en situaciones previas a cualquier actuación policial».

ELA reclama un modelo de Policía «civil», que se trate a los agentes «como trabajadores al servicio de la ciudadanía» e «integrados» en la sociedad. Para ello, el sindicato solicitará reuniones con la presidenta del Parlamento vasco, Bakartxo Tejeria, y con el vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka.