Las demandas de la DANA irrumpen en una negociación presupuestaria estancada

El Gobierno confía en que, si no en el PP –que ya ha dejado claro que se podrá contar con ellos para aprobar cuantos reales decretos leyes relacionados con la DANA hagan falta pero no para respaldar el único proyecto de ley que puede garantizar cierta estabilidad a un presidente en precario–, al menos sus socios de investidura sí se muestren sensibles a los argumentos sobrevenidos que la dramática situación en la Comunidad Valenciana pone sobre la mesa. De momento, Podemos y Junts ya han advertido de que no aceptan ese marco.

En el mejor de los escenarios, las nuevas Cuentas podrían estar aprobadas en torno a marzo, al final del primer trimestre del año próximo. Que habrá que volver a prorrogar las vigentes –de 2023, dado que Sánchez ya renunció a presentar las de 2024, aunque fuera con retraso, por la imposibilidad de pactar con ERC y Junts en plena refriega electoral por los comicios autonómicos de mayo– ya estaba fuera de toda duda desde hacía tiempo.

En julio, la formación de Carles Puigdemont tumbó en la Cámara baja la senda de déficit y deuda, antesala de los Presupuestos. El Consejo de Ministros volvió a remitirla al Congreso sin cambios a principios de septiembre, pero dos días antes de la nueva votación, prevista el 26 de ese mes, optó por retirarla, consciente de que fracasaría, para abrir una nueva negociación con Junts que aún no ha dado fruto.

En aquellos días, desde Hacienda se apuntaba que, aunque se esperaría a que pasaran los congresos de los posconvergentes –ya celebrado el 27 de octubre– y ERC –el último fin de semana de este mes– para presentar los Presupuestos en sí, como había asumido Sánchez en una comparecencia en Nueva York, la senda de estabilidad se llevaría al Parlamento antes. Hace días, sin embargo, que en el núcleo duro del Ejecutivo ya reconocían que tampoco eso iba a ser posible, a pesar de haber intentado dar un empujón a las negociaciones a mediados del mes pasado.

Justo cuando arreciaba la tormenta política sobre el presidente, después del demoledor informe de la Guardia Civil que ha llevado a la imputación del exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Transportes, José Luis Ábalos por corrupción, y del duro auto judicial que rechazó la    querella por prevaricación contra el juez que investiga a su mujer, Begoña Gómez, los principales negociadores del Ejecutivo –Félix Bolaños, María Jesús Montero y Santos Cerdán– se afanaban en negociaciones discretas.

Fue el PNV, que ya ha dejado clara su intención de garantizar la gobernabilidad a Sánchez, el que desveló los primeros contactos. Pero el pasado miércoles,    después de que el jefe del Ejecutivo defendiera que la DANAhace «aún más necesarios» que antes los Presupuestos, el líder de la formación nacionalista, Andoni Ortuzar, no se mostró precisamente optimista sobre la actitud del resto de actores políticos. Según aseguró en Ser Euskadi, si a mediados de octubre, previo al estallido del 'caso Errejón' y de la tragedia valenciana, veía un 60% de probabilidades de que las Cuentas se aprobaran, ahora la cifra estaría «por debajo del 50%», porque la situación política, dijo, «se ha enconado».

Quien más preocupa en el Gobierno es Podemos, porque en su estrategia de intentar atraer a una parte del electorado decepcionado con Sumar, en plena caída libre, ya ha mostrado los dientes con dos condiciones a los Presupuestos que el PSOE ve «inviables» y que, además, han sido avaladas por 40.000 inscritos (militantes): la ruptura de relaciones con Israel y la reducción de un 40% del precio del alquiler. Pero la impredictiblidad de Puigdemont y los suyos sigue suponiendo un quebradero de cabeza.

El jueves, los posconvergentes acusaron al PSOE de caer en un «intento absurdo y frívolo de utilizar el dolor de tanta gente para sacar rédito político utilizando el chantaje al resto de fuerzas políticas», aunque el Gobierno insiste en que no condiciona las ayudas por la DANA a que haya Cuentas sino que se limita a subrayar que, más allá de lo inmediato, lo lógico sería canalizar su plan para Valencia por esa vía.

Junts, en todo caso, ya ha dado un paso para evitar que su rechazo a mezclar negociaciones pueda venderse como insolidaridad y ha registrado una iniciativa para activar hasta 15.000 millones de euros adicionales frente a la catástrofe con mecanismos previstos en los actuales Presupuestos.