PNV y PSE liberan al Gobierno vasco de impulsar la reforma del Estatuto

El Gabinete Urkullu se sacude así la responsabilidad de impulsar una reforma estatutaria que sigue generando, como reconocen los firmantes del acuerdo, «discrepancias» de calado entre PNV y PSE, especialmente en torno a la oportunidad de que el futuro texto recoja el derecho a decidir. De hecho, no hay ni rastro de ese sesgo soberanista en el acuerdo, como tampoco de la consulta habilitante que el PNV sigue defendiendo. Ni siquiera del reconocimiento nacional de Euskadi y la bilateralidad efectiva que Urkullu defendió en su discurso. «La iniciativa legislativa y política corresponderá a los partidos políticos y no al Gobierno conformante, que se sentirá vinculado, como no puede ser de otra manera, a los acuerdos que en tal sentido puedan pretenderse tanto en Euskadi como en otros ámbitos institucionales», apunta el texto, que no recoge plazos ni compromisos expresos, más allá del genérico de «profundizar» en los trabajos desarrollados por el Parlamento vasco en las dos últimas legislaturas «a fin de culminar con el proceso de actualización del autogobierno vasco».

En la práctica, el arreglo al que han llegado PNV y PSE -la clásica fórmula de la discrepancia pactada, que ya emplearon en 2016 y que ocupa apenas una página de las 91 del texto- deja en el aire la aprobación del nuevo Estatuto, pese a la cómoda mayoría absoluta de la que ambos disfrutan en el Parlamento vasco. Podría darse la circunstancia de que sean los grupos de la oposición los que impulsen el debate y fuercen así a los socios a entrar de lleno.

PNV y PSE se reconocen mutuamente «libertad» para defender «nuestros respectivos postulados y planteamientos en materia de autogobierno» y se comprometen, a su vez, a «no impedir» el debate, ni en Euskadi ni en Madrid. Lo que sí subrayan los socios es que ese futuro Estatuto deberá aprobarse con «el mayor consenso posible» y «siguiendo los cauces legales establecidos», es decir, mayoría absoluta en la Cámara de Vitoria, refrendo en las Cortes Generales y posterior referéndum.

PNV y PSE inciden también en el compromiso de «trabajar conjuntamente» con el Gobierno de Pedro Sánchez para «materializar las negociaciones» sobre el calendario de transferencias pendientes, «conscientes de su necesaria actualización» debido a la Covid-19. También expresan su intención de tratar de resolver los posibles choques competenciales con el Ejecutivo central por la vía del acuerdo en la comisión bilateral correspondiente para «evitar la judicialización constitucional» y posibles «efectos menguantes para nuestro ámbito competencial».

Y, sobre todo, se comprometen a «ampliar» el autogobierno «hacia dentro» a través de la aprobación de un amplio catálogo de leyes que detallan ya en el acuerdo y que, ahora sí, con 41 escaños de 75, podrán sacar adelante sin problemas. Entre los 28 proyectos comprometidos en el listado, figuran la ley de Aportaciones, la reforma de la RGI, la ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, la de Salud Pública, la de Transparencia y Participación Ciudadana, la de lugares de Culto y Diversidad Religiosa, la de Cambio Climático y la de Empleo Público.