Las defensas dicen que el fiscal «humilla» a los acusados del 'caso De Miguel'

Echaburu es uno de las personas clave en esta trama. Vinculado al PNV, su compañía fue la que, presuntamente, se benefició de forma irregular de varios contratos para la ampliación de Miñano. Arriola, por su parte, era el gerente del parque tecnológico cuando se produjeron las irregularidades que sostiene el fiscal.

Las defensas de ambos han mantenido estrategias parecidas, y muy similares a las que hace unos días sostuvo el abogado de De Miguel. Básicamente, las tres razones por las que han pedido la absolución de sus defendidos son que no se cometió ningún tipo de irregularidad, que la principal testigo del Ministerio Público, Ainhoa Alberdi, carece de credibilidad y que la Ertzaintza realizó una investigación deficiente.

De hecho, el letrado de Echaburu ha cargado de forma contundente contra la Policía autonómica y contra Izaguirre por provocar una «delación indebida» en todo el procedimiento. Incluso, ha ido más allá y ha anunciado una querella contra el fiscal jefe de Álava por «calumniar» y «humillar» a su cliente, a quien ha dibujado como a un 'hombre hecho a si mismo' en cuyas empresas no se ha producido «ninguna irregularidad relevante». «Puede haber algún error contable», ha concedido. Según su relato, Echaburu, en su función de gerente de una constructora, se recorría todo Euskadi en busca de obras. Iba donde «oliera» una, ha afirmado el letrado, quien ha recalcado que su cliente mantenía relaciones con mucha gente, «incluso con autoridades». Pero todo dentro de la legalidad. «No pagó un céntimo» en comisiones para obtener una concesión o para tener «ventaja» sobre sus competidores. Todo lo contrario, porque su abogado ha recalcado que frente a la imagen de hombre «avaricioso» que tiene, Echaburu «se ha preocupado más de los otros que de sus intereses».

El abogado también se ha esforzado en echar por tierra el testimonio de Alberdi, la abogada urbanística que compró la empresa Urbanorma a Echaburu. Fue al adquirirla cuando, según su testimonio, descubrió que la sociedad había destinado 100.000 euros a pagar comisiones a De Miguel y a Aitor Telleria, miembro del Araba buru batzar cuando se produjeron los hechos. Incluso ha asegurado que la denunciante se ha llevado «a su bolsillo 300.000 euros de un contrato de nulo derecho» y que de haber algún tipo de irregularidad, ella también sería responsable. «No hubo tráfico de influencias, sino una negociación entre particulares», ha afirmado el letrado para pedir la absolución de Echaburu.

Una línea muy similar a la que ha utilizado el abogado de Arriola. En ambos casos, han denunciado que se violaron los derechos fundamentales de sus clientes, han considerado «nulo» todo el procedimiento judicial, así como la mayoría de las diligencias practicadas por la Ertzaintza. El letrado del antiguo gerente de Miñano ha negado que Arriola le hubiese pedido el pago de una comisión a Alberdi, tal y como sostiene el fiscal en base a un mail enviado en 2006. Para reforzar su argumento, ha recordado algunas declaraciones de la abogada urbanística pronunciadas durante la vista oral que, en principio, exculparían a Arriola. «El juez instructor hizo seguidismo de lo que le decía el fiscal», ha aventurado. «Hubo un derecho a la intromisión en su vida privada que no fue legal ni justa», ha señalado el representante de Arriola.

«No hay ningún correo cruzado entre De Miguel y Telleria», ha subrayado el abogado, quien ha insistido que su defendido «no ha cobrado un solo euro». A partir de ahí ha recordado que Arriola ni tan siquiera aparece en las grabaciones que Alberdi realizó a diferentes encausados para demostrar los indicios de irregularidades. El letrado también se ha mostrado tajante a la hora de rechazar que su cliente hubiese coaccionado a la denunciante, tal y como señala el fiscal. «Imputar un delito como ese es muy feo».