La declaración de dos testigos protegidos de ETA impulsa ocho sumarios contra jefes de la banda

Sus nuevas confesiones ocupan 40 folios, recién incorporados en los últimos días al sumario sobre la muerte del concejal de Ermua y a los que ha tenido acceso íntegramente EL CORREO. Esos documentos acaban de ser enviados a otras siete causas de la Audiencia Nacional -en las que se investigan hasta una docena de excabecillas de la desaparecida banda terrorista- intentando sortear las prescripciones de causas que en su gran mayoría superan los 20 años de antigüedad.

Se trata de los sumarios por los atentados mortales contra la Casa Cuartel de Santa Pola de 2002 y contra la T-4 de Barajas en 2006; y por los asesinatos del teniente coronel Pedro Antonio Blanco en 2000 que puso fin a la tregua; el del fiscal Luis Portero y el magistrado José Francisco de Querol, también en 2000; del concejal del PP Jesús María Pedrosa; y el del parlamentario popular Gregorio Ordóñez en 1995. Precisamente, el sumario por la ejecución de Ordóñez fue el primero en el que declararon los dos exetarras.

Los nombres que los dos arrepentidos sitúan en los diferentes comités ejecutivos (Zuba) de ETA, y que en muchos casos ellos mismos llegaron a conocer directamente en reuniones clandestinas en Francia, son Francisco Mujika, 'Pakito'; Mikel Albisu, 'Antza'; Soledad Iparragirre, 'Anboto'; José Javier Arizkuren, 'Kantauri'; Ignacio Gracia, 'Iñaki de Rentería'; Javier García Gaztelu, 'Txapote'; Julián Atxurra, 'Pototo'; Domingo Iturbe, 'Txomin'; José Javier Zabaleta, 'Baldo'; Eugenio Etxebeste, 'Antxon'; Santiago Arrospide, 'Santi Potros'; y José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera'.

Una y otra vez, ambos testigos protegidos insisten en que siempre -salvo para atentar contra uniformados de la fuerzas de seguridad o de las fuerzas armadas- los activistas necesitaban la autorización expresa de ese comité ejecutivo, una confesión clave para apuntar contra estos cabecillas, que nunca han sido condenados por dar las órdenes para perpetrar esos atentados.

«Las órdenes para cometer acciones emanaban de la dirección, había cierto margen, pero emanaban de la dirección. Los comandos tenían cierta autonomía cuando eran esos objetivos (policías y militares) y no necesitaban orden expresa. Daba igual que fuera un guardia o un autobús de guardias civiles, porque ya nos habían dotado de recursos», relata el expistolero que estuvo hasta principio de siglo activo.

Pero más allá del valor de estas delaciones como prueba contra los exjefes de ETA, por primera vez, ambos se refieren en los interrogatorios a cuestiones más íntimas y del día a día de la banda. También sobre las motivaciones que les han llevado a ser supuestos arrepentidos. O las causas que les condujeron a militar en la organización terrorista de la que ahora reniegan.

«¿Usted por qué ha decidido operar con la Administración de Justicia? ¿Cuál ha sido el motivo?», le pregunta el fiscal a TP 3/2023, quien fue miembro activo de ETA desde 1993 hasta 2001, cuando fue detenido. «Bueno, creo que es mi deber, creo que debo hacerlo. Estoy en deuda con la democracia», le respondió el exetarra. «¿Cuál fue el motivo de integrarse en ETA y de pertenecer a los llamados comandos legales o de acción?», le inquirió el representante de la acusación pública. «Perseguía la independencia del País Vasco, una idea socialista, pero integrado en un ente terrorista criminal», se despacha el exetarra.

TP 2/2023, militante de la organización armada en los ochenta, también es cuestionado de por qué ahora se ha decidido a colaborar con la justicia, más de cuarenta años después de aquellos hechos. «Ha sido una evolución que he tenido, me he dado cuenta del daño que he hecho y quiero colaborar con la Justicia y con la Guardia Civil», explica.

A pesar de que ambos militaron con más de una década de diferencia, sostienen que tuvieron el mismo estímulo para empuñar las pistolas: el odio a España. «Se tomaba como enemigo del pueblo vasco todo lo español. Todo lo español era enemigo», relata el exetarra de los ochenta, quien luego precisa que «en aquella época» eran consideradas «enemigas» las «instituciones españolas», como el «Ejército, Guardia Civil y Policía», y «no las personas españolas».

Pero aquella estrategia cambió en los 90 y comenzaron los atentados contra políticos, miembros de la judicatura, periodistas… ¿Por qué ese cambio? «La razón (de esa ampliación de objetivos) era por coaccionar o amenazar al país, a España, al Ejecutivo español persiguiendo el negociar, el llegar a alguna negociación o forzarle a tomar decisiones que facilitaran la independencia, la soberanía del País Vasco», relata TP 3/2023, haciéndose eco de las consignas de la banda en la época.