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La Justicia es una de esas historias de nunca acabar. «Hay retos coyunturales, como son ahora los que ha fijado la pandemia, pero también otros sistémicos que parecen condenados a no resolverse jamás», coinciden varios jueces. Consultados por este periódico, apenas tardan un segundo ... en ponerse a enumerar decenas de desafíos a los que se enfrentará Iñaki Subijana, elegido el pasado jueves nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Toma las riendas en un contexto anormal, un escenario de derechos fundamentales restringidos en el que los jueces adquieren aún mayor protagonismo.
La propia pandemia marcará los primeros deberes del penalista guipuzcoano. «La litigiosidad ya aumentó mucho durante la crisis económica y está volviendo a ocurrir con la Covid-19, especialmente en los juzgados de lo Social y de lo Mercantil», indica Ana Rincón, coordinadora de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD). «Hay que adaptar la planta judicial a las necesidades, hacer un análisis de la situación y crear nuevas unidades», prosigue. El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Santiago Romero, destaca que en ese proceso Subijana deberá «tejer mucho» para poner de acuerdo a todos los actores: Gobierno vasco, Ministerio de Justicia y Poder Judicial.
También la crisis sanitaria y sus consecuencias han prorrogado otro eterno deber pendiente de la Justicia, el de conectar más con la ciudadanía y explicar su función social. «Tenemos que hacer pedagogía sobre nuestro trabajo», dice Romero. El responsable de la asociación conservadora propone al nuevo presidente del TSJPV que cree una figura que actúe como portavoz judicial para desgranar las sentencias y los autos «con un lenguaje claro». El objetivo sería huir de polémicas como el reciente caso de la reapertura de la hostelería en municipios en zona roja.
Esa decisión, adoptada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Superior vasco, causó una gran desazón en el Gobierno de Iñigo Urkullu, aunque en la esfera judicial no consideran que se haya abierto una «brecha» entre ambos poderes. De hecho, los jueces consultados coinciden en apreciar la «buena voluntad» del nuevo Departamento de Justicia, liderado por Beatriz Artolazabal. «Subijana no tiene nada que recomponer. Por suerte, la relación es fluida, no hay ningún problema», observa Aner Uriarte, juez decano de Bilbao y miembro de la Sala de Gobierno del TSJPV.
Más allá de lo coyuntural, Uriarte urge a solventar problemas estructurales como la falta de espacio en algunos juzgados −sobre todo, en los de las tres capitales vascas− y el lento proceso de digitalización para desterrar de una vez por todas el uso del papel. «Estamos a la cola respecto a otras comunidades autónomas con el expediente digital», lamenta. En este sentido, Romero aprecia ciertos avances con la implantación de nuevos equipos informáticos, pero coincide en que todavía queda «mucho por hacer para tener una Justicia moderna adaptada a los tiempos».
La innovación, añade Rincón, también debería llevarse a la propia labor de los juzgados con la puesta en marcha de «sistemas alternativos de justicia» y la apuesta por fórmulas como la mediación, que pueden acabar traduciéndose en beneficios como una reducción de la litigiosidad y, por tanto, en la carga de trabajo de las unidades judiciales. Todo ello, concluye la coordinadora de JJpD, sin olvidar el proceso de euskaldunización en una administración poco dada al bilingüismo. Por último, el juez decano de Bilbao le pide a Subijana que haga de la «defensa de la independencia judicial» su bandera y que luche de forma incansable por ofrecer «esa imagen, que es la real».
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