El debate territorial pone el tablero político en riesgo de 'jaque mate'

«Acertamos al defender en 1978 la reintegración foral en vez de la autodeterminación»

El exsenador del PNV Iñaki Anasagasti cree que las bases de una posible revisión del modelo territorial deberían ser las mismas que las existentes en 1978 en el debate constitucional, con dos demandas muy claras de autogobierno, en Euskadi y Cataluña. «La presión militar impidió consolidar esta apuesta, organizando un Estado en base a diputaciones y mancomunidades sin perfil político». Anasagasti se pregunta quién es hoy «el valiente que le pone el cascabel a ese gato creado artificialmente durante estos 40 años?». Y encuentra una respuesta: «Debería ser un pacto de los que se sienten identitariamente españoles con quienes no tienen ese sentimiento». Porque, en su opinión, las autonomías «han dejado de ser territorios de identidad para convertirse en territorios de poder».

El también exportavoz del PNV en el Congreso recalca que su partido acertó cuando en su momento no apostó por la defensa del derecho de autodeterminación en el debate constitucional de 1978 –planteada entonces por el diputado de Euskadiko Ezkerra, Francisco Letamendia– y se decantó por la vía de la histórica reintegración foral. «Gracias a ella –recuerda– logramos la devolución del Concierto para Gipuzkoa y Bizkaia, que con la demanda autodeterminista jamás se hubiera conseguido, y logramos esa milagrosa Disposición Adicional objeto de deseo catalana», asegura. Anasagasti tiene claro que «si hubiéramos ido como ‘Ortzi’, levantando el puño, y yendo al todo o a la nada, estaríamos en la nada».

El jeltzale considera que la salida política y jurídica al conflicto soberanista de Cataluña pasa por una Disposición Adicional «como la vasca». «No veo generosidad para que distintos partidos y comunidades lo acepten, son muy españoles, pero a la hora de ceder algo, no ceden nada, prefieren la represión a una negociación generosamente inteligente».

Y es que Anasagasti se muestra de acuerdo en poner en marcha «limitadamente» un nuevo proceso constituyente. «En el tope máximo, la confederación, en el posible, plantear la convivencia en base al reconocimiento nacional de Galicia, Euskadi y Cataluña», indica. Se trataría de «blindar la bilateralidad» y de «recuperar el llamado plan Ibarretxe», que describe como «una apuesta de reforma estatutaria con calorías».

El exsenador nacionalista aprecia que los catalanes nunca han entendido bien el hecho diferencial vasco – «a pesar de la fama de negociadores que tienen, no han pasado el bachiller y les podemos dar algunas clases»– y saca una enseñanza del proceso de Quebec: «Allí, la ley de Claridad es tajante, pide preguntas entendibles y claras, y obliga al Estado a la reflexión, no está nada mal». Anasagasti piensa que «cuanto más inteligente es el Estado, más civilizado es el debate».

Para el jeltzale, el concepto de plurinacionalidad «suena bien, pero poco más, no está desarrollado, se sabe que hay un problema y se le pone un medio nombre, pero no sé hasta qué punto se está dispuesto a reconocer esa plurinacionalidad». En todo caso, en su opinión, al menos «puede servir para comenzar a hablar» sobre la posibilidad de un nuevo pacto territorial. «Pero poco más», concluye.

«La plurinacionalidad solo será funcional si contiene el derecho a decidir»

En opinión de Patxi Zabaleta, presidente honorífico de Aralar e histórico de la izquierda abertzale, la revisión del actual modelo de Estado autonómico «es imprescindible»; sostiene que los estatutos han quedado obsoletos, entre otras razones, porque datan de antes de que el Estado se incorporase a la Unión Europea «y porque no han tenido la virtualidad de ser cumplidos». Además, a su juicio, tanto el Estatuto vasco como el Amejoramiento Foral navarro tienen sendos «pecados originales». «Ya eran insuficientes en el momento en que fueron aprobados; en concreto en el caso de Navarra se hurtó a los navarros el poder expresarse sobre el mismo». Zabaleta tiene claro que «la base en la que tiene que sustentarse el Estado autonómico para las nacionalidades históricas –Galiza, Catalunya y Vasconia– es el del estado confederal y que los poderes autonómicos contengan el derecho a decidir».

En opinión de Zabaleta, «la plurinacionalidad proclamada por Pedro Sánchez, igual que el concepto de nacionalidad puesto sobre la mesa por Adolfo Suárez, solo pueden ser funcionales si contienen el derecho a decidir, que es un requisito indispensable de la democracia». En todo caso, Zabaleta piensa que un nuevo pacto territorial «es posible y necesario, pero se tiene que basar indefectiblemente en el reconocimiento del derecho a decidir. No sólo veo posible sino imprescindible el engarzar el derecho a decidir en el marco jurídico, si es que dicho marco ha de ser democrático».

El presidente honorífico de Aralar sostiene que el acta de Claridad de Quebec «es una interpretación democrática de la legalidad». En el Estado español, cree, la salida política democrática al soberanismo «es solo una, y consiste en aceptar el principio democrático del derecho a decidir. Es algo que hará el Estado». Zabaleta evoca la historia: En el siglo XIX, dice, el Estado guerreó contra los fueros en las carlistadas, a principios del siglo XX su estrategia era la de ‘fueros sí, Estatuto no’, «aunque los más avispados ya iban a aceptar el Estatuto; en el último tercio del siglo XX y principios del XXI la postura del Estado ha sido la de ‘Estatuto sí, derecho a decidir no’ utilizándose contra el derecho a decidir anatemas que no son superiores a los que antes se utilizaron contra el Estatuto; en el siglo XXI los más listos de los políticos españoles ya formulan el eslogan de que ‘derecho a decidir sí, independencia no’».

Zabaleta concluye que el proceso constituyente tiene que ser posterior a la solución de los problemas, al igual que, con sus limitaciones, ocurrió en el 78. «Entonces la reforma democrática, es decir el cambio al régimen de partidos se aprobó en el referéndum del 76, tras el cual cambiaron de defender la ruptura a conformarse con la reforma».

«Con la actitud del PSOE, el escenario de hoy es más abierto para un nuevo pacto»

Roberto Uriarte, exlíder de Podemos Euskadi y catedrático de Derecho Constitucional en la UPV-EHU, sí sostiene que «las condiciones objetivas» para una revisión del actual modelo autonómico «podrían ser mejores», aunque a la vez detecta «elementos positivos» que dibujan «un escenario más abierto». Y cita «el fracaso del golpe contra Pedro Sánchez, el deshielo de la actitud del PSOE hacia Podemos y su adhesión, aunque sea tímida, a la tesis de la plurinacionalidad» como factores positivos. En cambio, los acuerdos entre el PP, Ciudadanos y el PNV «lo dificultan».

Uriarte sí aprecia que el concepto de plurinacionalidad en España puede ser adecuado para describir aquellos territorios en los que no se detecta un sentimiento homogéneo de identificación nacional. «Hay elementos más esperanzadores para un nuevo pacto», asegura. De hecho, apoya una posible reforma constitucional para abordar la cuestión de Cataluña, «especialmente teniendo en cuenta la situación a la que han llevado los errores de unos y de otros».

Para el catedrático de la UPV, un nuevo proceso constituyente en una sociedad con madurez democrática, sin violencias ni tutelas, «podría suponer un gran baño de democracia, especialmente positivo para las nuevas generaciones, en la medida en que les permitiera sentirse parte activa en su proyecto colectivo».

Uriarte ve la conveniencia de introducir en la Constitución la doctrina del Tribunal Supremo de Canadá, «que marca un antes y un después, en la medida en que aclara los límites y condiciones que deben respetar ambas partes para promover un eventual proceso independentista en un estado democrático plurinacional, es decir, fuera de las situaciones coloniales en las que ha quedado confinado el derecho de autodeterminación de la ONU». Uriarte, de hecho, no cree que se trate tanto de «copiar» la Ley de Claridad canadiense en España, sino de «constitucionalizar los elementos básicos de esta doctrina». Para el exdirigente de Podemos, una reforma constitucional que reconozca la plurinacionalidad y establezca condiciones claras para canalizar la participación ciudadana «podría ayudar», aunque, a la vez, puntualiza que «los instrumentos jurídicos no bastan por sí solos».

«Euskadi y Cataluña también son comunidades plurinacionales»

La socialista Isabel Celaá no ve condiciones «todavía» para abordar una revisión del actual modelo autonómico, pero admite que «es preciso trabajar políticamente para crearlas». Una eventual reforma de los estatutos, en su opinión, no solucionará el problema de encaje de las autonomías en el Estado. «Queremos una reforma constitucional en el sentido federal», recalca, «asumiéndola como una evolución lógica del Estado autonómico al que hay que incorporar los elementos constitutivos de un federalismo integrador: la coordinación y la lealtad al pacto».

La exconsejera de Educación en el Gobierno de Patxi López –que fue la portavoz del PSE en la ponencia de autogobierno en la pasada legislatura– considera que «sacralizar la Constitución hasta petrificarla la condenaría a la obsolescencia». El debate entre el federalismo simétrico o asimétrico «no es útil» porque también el Estado autonómico es asimétrico. «Esta reforma constitucional debería incluir el nombre de las comunidades autónomas, el mejor reconocimiento de las lenguas cooficiales, la conversión del Senado en una verdadera Cámara de representación territorial, la clarificación y blindaje de las competencias y el reconocimiento de los hechos diferenciales».

Celaá –que es presidenta de la Comisión de Ética del comité federal del PSOE– aborda también el debate de la plurinacionalidad. Sostiene que «la idea de ‘nación’, vinculada a una comunidad de pertenencia social, cultural, lingüística o religiosa como expresión de origen de una persona o colectividad y desvinculada de toda pretensión soberanista es muy anterior a la Revolución Francesa». Y sostiene que es una cuestión ya resuelta en la UE por la definición aportada por el Consejo de Europa en 2005.

En todo caso, Celaá piensa que se trata de una cuestión de sentimiento individual de pertenencia a una determinada comunidad en la que pueden existir otros grupos que se identifiquen de manera diferente. «No es el territorio el que constituye la nación –opina–, sino los hombres y mujeres que se identifican con las características de una determinada comunidad, así tanto Euskadi como Cataluña pueden considerarse también plurinacionales».

Para la exconsejera socialista, no existe ninguna posibilidad de encajar el derecho a decidir en el actual marco jurídico. «Ninguna Constitución contempla un espacio jurídicamente protegido para el ejercicio de ese pretendido derecho. ¿A decidir qué, a decidir la secesión?», se pregunta. «En ningún ordenamiento democrático, ni en el ámbito interno de los estados ni en el derecho internacional se acepta ese planteamiento. Cuestión distinta sería abordar un debate sobre las distintas formas de regularización de referendos ‘consultivos’, temas, condiciones». Para Celaá, «el llamado ‘derecho a decidir’ es un eslogan pegadizo «sin fundamento jurídico alguno».

Celaá opina que la Ley de Claridad canadiense fue «valiosa» en aquel país, «pero no se puede trasladar miméticamente a otros países con otras reglas de juego y otras condiciones políticas». Y es que, en todo caso, eso no implica que el sistema constitucional español «no pueda abordar un debate más profundo que el conocido hasta la fecha». Celaá tiene claro que Cataluña se asoma cada día a una gran frustración política y a la hipótesis de un adelanto electoral. «No hay legitimidad fuera de la legalidad, si bien una democracia que funcione exige un continuo proceso de debate, que es el que no ha ejercido el PP ni desde la oposición ni desde el Gobierno». Celaá insiste en que «queremos una reforma, no una ruptura, y eso supone aceptar, ‘pactar’, con otras fuerzas políticas. No se trata de empezar exnovo».

«En este momento no se dan las condiciones para una reforma constitucional»

El donostiarra Gabriel Elorriaga es miembro del Patronato de FAES y, en su momento, fue diputado del PP y secretario de Estado de Organización Territorial en el Ministerio de Administraciones Públicas del Gobierno de Aznar. Considera que en el momento actual «no se dan las condiciones» para una reforma constitucional del modelo territorial «que tampoco está claro en qué sentido se querría orientar». Desde la perspectiva histórica, señala que sería necesario conocer primero «qué cesiones políticas» estarían dispuestos a hacer los soberanistas. «Los que han impulsado estos años la descentralización del Estado autonómico ya han mostrado muy generosamente sus márgenes de cesión», asegura.

Eso sí, Elorriaga pide no confundir a la opinión pública con «juegos de palabras». «Cuando se habla de nación a lo que se quiere hacer referencia es a la soberanía política, esto es, al ámbito último de decisión sobre los elementos que definen a un Estado moderno». En todo caso, si por nación se quiere hacer referencia a identidades lingüísticas diferenciadas, Elorriaga cree que éstas ya están plenamente reconocidas y protegidas por el marco constitucional vigente.

Elorriaga considera que «consolidar el Estado autonómico es la propuesta que cuenta hoy con más respaldo en las Cortes Generales». En el plano teórico, admite que pudiera tener cabida una reforma constitucional para perfeccionar el modelo vigente pero «la tensión política actual de aquellos que simplemente pretenden ignorar la existencia de una nación española desaconseja dar pasos constitucionales en la dirección que anhela la mayoría».

Elorriaga no cree «en absoluto» en un nuevo proceso constituyente. «Nada exige ni justifica tal cosa» en la medida en la que «la Constitución atribuye el más amplio poder de decisión al pueblo español, y no a otro sujeto». Sostiene que sería un error aplicar la vía canadiense a España. Y confía en que, en Cataluña, dentro de pocos meses, habrá una nueva mayoría y un c