De Miguel solicita el indulto porque «mi familia me necesita más que nunca»

Tras agotarse la vía penal con la ratificación de la sentencia por parte del Supremo el 10 de enero, ambos deberán ingresar en la cárcel en los próximos días. El primero, con una condena efectiva de nueve años de reclusión. Y el segundo, de dos años y tres meses. Su reclusión en un centro penitenciario –casi con toda probabilidad Zaballa– podría demorarse hasta abril.

Aún con la esperanza de esquivar ese trago, De Miguel sustenta su ruego a la ministra Pilar Llop en que sus delitos –corrupción, tráfico de influencias, prevaricación, blanqueo de capitales o asociación ilícita, el que realmente conlleva su castigo carcelario– no son tan graves. «No estamos ante una conducta que requiera una medida tan gravosa como es la privación de libertad». Es más, la letrada del exburukide agrega que «ni nos encontramos con un sujeto criminalmente peligroso».

Tanto la Audiencia Provincial de Álava, en diciembre de 2019, como el Supremo, hace dos meses y medio, consideran que ambos –junto a casi una quincena de cómplices– se aprovecharon de sus puestos políticos para urdir una red corrupta. Se lucraron con 'mordidas' a constructores y subvenciones públicas.

Desde que se conoció su dictamen de entrada en la cárcel, De Miguel ha completado todos los movimientos a su alcance para eludirlo. Fue de los primeros en abonar su responsabilidad civil, 23.876,38 euros. Ahora sustenta su ruego al Gobierno central en que tiene familia –su mujer fue condenada a penas menores– y sus dos hijos son «dependientes económicamente». Tras destacar que carecía de «antecedentes» hasta su arresto por la Ertzaintza hace catorce años, presenta además un informe médico, expedido por Osakidetza, que alude a «un trastorno de ansiedad entre julio de 2010 y noviembre de 2012».

También se refiere el ex 'número dos' del PNV alavés a que «mi actual puesto de trabajo está relacionado con el sector pesquero, con el que me he volcado en estos años convirtiéndome en un agente de relevancia». La semana pasada fue despedido de ese cargo en la fundación pública Hazi. Pese a ello, en su súplica recalca su implicación «absoluta» durante la pandemia. «Renunciando a quedarme en casa para ayudar a garantizar el suministro de pescado». Sin olvidarse de su «continuo apoyo y soporte a las mujeres trabajadoras del mar». Varias cofradías pesqueras y hasta la dirección de la colección vasca de microalgas de la UPV sustentan esa versión.

Se presenta el líder del 'caso De Miguel' como «persona activa y comprometida» con causas sociales. Un responsable del Araba Euskaraz da fe de su apoyo a la lengua vasca. El que fuera presidente de la Cuadrilla de Rioja Alavesa y antiguo juntero por el PNV Jokin Villanueva le califica de «generoso, honesto» y que «aporta mucho bueno a la sociedad». Mientras que la asociación Hogar Nazaret dice que trabajó «como voluntario desde España» entre junio de 2016 y diciembre del año pasado «en el apoyo escolar a niños desfavorecidos en la selva del Amazonas de Perú».

«Mi ingreso en prisión no resulta beneficioso para la sociedad civil, de la que me siento partícipe y plenamente involucrado, así como para mi familia, que me necesita más que nunca», concluye su último recurso legal, que será respondido en unos días.

En cuanto a Aitor Tellería, su motivo principal es médico. El exconcejal de la formación jeltzale en Vitoria ha presentado un largo historial de dolencias y lesiones –la mayoría menores o leves– con la esperanza de rehuir el periplo penitenciario. En principio, Koldo Ochandiano y Xabier Sánchez Robles, los otros dos miembros de la trama corrupta que deberán ir a prisión, no han presentado solicitud de gracia alguna.