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A tres días de que el Gobierno vasco inicie las negociaciones para aprobar los primeros Presupuestos de la 'era Pradales', EH Bildu se postula como único candidato en la oposición para llegar a un acuerdo con PNV y PSE-EE. La coalición soberanista sigue explotando su vena más conciliadora y reitera su «voluntad» de entendimiento, una actitud que contrasta de forma ostensible con un PP que denuncia una menor capacidad de gasto para atender compromisos crecientes, un Sumar que censura el volumen de la estructura gubernamental y un Vox ya de por sí excluido.
El pleno de control de este viernes en el Parlamento, el primero desde que el Ejecutivo autonómico lanzó su proyecto presupuestario y en vísperas de que el lunes comience la ronda de contactos con la oposición, ha servido para testar el margen de acuerdo. La aprobación de las Cuentas de 2025, por valor de 15.728 millones de euros, está garantizada por la mayoría absoluta de jeltzales y socialistas, pero el consejero de Hacienda, Nöel d'Anjou, busca ampliar los apoyos y para ello ha reclamado a los grupos que tengan «altura de miras» y planteen propuestas «concretas, viables y realistas».
A la vista del tono y el contenido de las respuestas obtenidas, el único con disposición clara al entendimiento es EH Bildu. Una vez más, y ya es costumbre en lo poco que llevamos de legislatura, Pello Otxandiano ha vuelto a tender la mano ante Pradales para llegar a acuerdos. El líder de la oposición valora la «retórica» que han adoptado en estos primeros meses PNV y PSE-EE, a su modo de ver diferente respecto a la 'era Urkullu' y con una aceptación tácita de que «las políticas neoliberales han fracasado». Partiendo de esa tesis, considera que se puede «tejer un nuevo contrato social» que, eso sí, exigiría «transformaciones».
«Esto no se hace con pequeños cambios incrementales -el proyecto de Presupuestos para 2025 contempla una subida del 4,7% respecto a este año-, sino introduciendo cambios estructurales en las políticas públicas», ha recetado Otxandiano. En su réplica, Pradales ha recogido el guante, ha evitado cerrar puertas y ha manifestado la «voluntad sincera» de su Gabinete para negociar, pero en todo caso ha instado a su interlocutor a pisar tierra. «Bajemos del púlpito a la calle», ha sintetizado. El lehendakari ha precisado que «los grandes retos exigen acertar en la letra pequeña» y que los «detalles» serán clave.
Mucho menos conciliadores se han mostrado los otros dos grupos que acudirán a las conversaciones con el consejero D'Anjou. El PP critica que el proyecto para 2025 recoja «una menor capacidad de gasto» para ámbitos como la sanidad y la seguridad que el Gobierno vasco ha situado entre sus prioridades. En el primer caso, «están autorizados tan sólo 17 millones más que lo que se viene gastando en lo que llevamos de año» y en el segundo «se han previsto 796 millones cuando hasta hoy se han permitido 803». «¿Cómo va a responder así a sus compromisos?», se ha preguntado De Andrés, crítico también con el aumento de altos cargos.
El incremento de la estructura gubernamental también ha sido motivo de crítica por parte de Sumar. Su único parlamentario, Jon Hernández, no ve «justificada» la creación de un comisionado, bautizado como 'Euskadi Berria', que se encargará de labores prospectivas en torno a los principales desafíos que encara el País Vasco. Tampoco está de acuerdo con el incremento de altos cargos y asesores, un 17% más respecto al último Gabinete de Urkullu. «No me gusta hacer demagogia con este tipo de cosas, pero la gente no suele entender estos aumentos de gasto», ha subrayado el representante de Ezker Anitza-IU.
También Vox, excluido de la ronda de conversaciones presupuestarias, ha centrado sus críticas en la contratación de más personal de confianza. Según Amaia Martínez, este aumento «no responde a las necesidades de la ciudadanía, sino a los intereses partidistas de los socios de gobierno», a los que achaca una «insaciable voracidad de poder». La consejera de Gobernanza, Maria Ubarretxena, ha justificado esa ampliación en el número de altos cargos y asesores en la necesidad de «cumplir con los compromisos» del programa de gobierno, en los mayores «retos» de esta legislatura e incluso en la prometida llegada de más transferencias.
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