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Pedro Sánchez es un político con el crédito agotado, o al borde mismo del agotamiento, por méritos propios. Por su falta de principios -canjeables a conveniencia-, por sus vaivenes y por una carencia de escrúpulos que le ha llevado, por ejemplo, a normalizar a EH ... Bildu, la coalición que controlan quienes durante décadas jalearon a ETA, por mera conveniencia. Y ello pese a que ni Otegi ni los suyos han abjurado explícitamente de la banda ni de sus crímenes.
El presidente ha confirmado esta semana lo que ya era un secreto a voces: su propósito de indultar a los políticos catalanes presos tras el fallido 'procés. Presos no por sus ideas, sino por saltarse la legalidad, por más que el jeltzale Aitor Esteban haya dicho esta semana que lo que hicieron Junqueras y compañía «no es delito». Un despropósito.
Y, claro, se ha armado la escandalera que cabía prever. Las voces más críticas han surgido desde los escaños del PP, Vox, Ciudadanos y la opinión publicada afín al conservadurismo. Pero también desde el PSOE, de nuevo con el expresidente Felipe González, Alfonso Guerra o el castellanomanchego Emiliano García Page, a la cabeza. ¿La razón? Que los condenados no han mostrado arrepentimiento ni han expresado su aceptación, aunque fuera crítica, de la legalidad vigente. En el PSOE se cree que una parte notable de sus bases y de su electorado no están de acuerdo con el indulto y, aunque las siguientes elecciones estén aún lejanas, temen que supongan otra sangría de votos.
Dado el comportamiento habitual de Sánchez, esa pérdida de crédito político del líder del PSOE, parece lógico pensar que el presidente prepara este paso movido más por una razón de Gobierno que de Estado. Que el objetivo de fondo de la medida de gracia a los políticos catalanes presos es conservar el apoyo de nacionalistas e independentistas, sobre todo el de ERC, y garantizar así la estabilidad del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos que preside. Un gabinete al que le quedan 30 meses de vida, si el problema catalán u otros que puedan aparecer por el camino (como la reforma laboral o la de las pensiones que nos exige Bruselas a cambio de las ayudas para remontar tras la crisis por la Covid) no lo hacen saltar por los aires.
Que PNV, Bildu, ni ERC, y no digamos ya Más País o Compromís, prefieren un Ejecutivo como el de Sánchez a ir a unas elecciones anticipadas y que el resultado pudiera ser un Gobierno del PP con apoyo de la ultraderecha parece claro. Los jeltzales lo demuestran semana tras semana con su lealtad al gabinete de coalición a cambio de contraprestaciones que poder vender en Euskadi. No ocurre lo mismo con los republicanos, no al menos hasta ahora. Su prioridad siempre ha sido no arriesgar su posición en Cataluña ante Puigdemont y la postconvergencia. ¿Cambiará algo ahora que presiden el Govern y tras los indultos?
Pero si además de todo lo anterior ha pesado o no en Sánchez la responsabilidad de Estado, de poner los cimientos para encarrilar la cuestión catalana, el objetivo de avanzar en la concordia aún a riesgo de debilitarse, al menos temporalmente, él y su partido es una pregunta que hoy carece de respuesta cierta. Esa incógnita sólo la despejará el tiempo y la actitud que adopte la Generalitat, sobre todo ERC, como sucedió en su día con el final del terrorismo etarra.
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